No a la publicidad política anticipada y más seguridad para los líderes políticos

Gobernación y Registraduría hicieron un llamado a las alcaldías para que asignen recursos en aras de garantizar la logística de las elecciones de octubre.

Una serie de acciones para controlar la publicidad política anticipada y la presentación de un informe preliminar de alerta sobre riesgos electorales en el Departamento -con miras a garantizar la seguridad de los dirigentes de partidos y movimientos-, fueron los temas principales que se abordaron en el tercer Comité de Seguimiento Electoral de 2023, liderado por la Gobernación del Magdalena, la Registraduría, el Ejercito, la Policía y demás autoridades.

La reunión fue convocada por la Oficina de Paz, Atención a Víctimas y Posconflicto y la secretaria del Interior de la Gobernación, Anabel Zúñiga, quien dijo que la alerta fue elaborada con miras a que todas las autoridades adscritas al Comité trabajen de forma articulada para garantizar “acciones de prevención sobre todo para la protección de dirigentes de partidos y movimientos y demás líderes y lideresas que desarrollen un papel en los escenarios electorales”.

Con respecto a la publicidad electoral anticipada, la funcionaria manifestó que se trata de una problemática a controlar mayoritariamente en Santa Marta, por lo que participaron representantes del Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), la autoridad competente sobre la materia en la capital del Magdalena.

“Santa Marta tiene varios de los fenómenos electorales sobre todo en materia de publicidad, lo que es necesario trabajar para garantizar unas elecciones transparentes y que cumplan la normatividad vigente, pues la instalación de vallas publicitarias tiene sus tiempos y su rigurosidad; en ese aspecto generamos compromiso para emprender acciones coordinadas y dar a conocer el cronograma y la ruta de sanciones, pero, sobre todo, hacer énfasis en la pedagogía. Se adelantarán acciones para controlar y frenar la publicidad anticipada: nombres y distintivos políticos, que vengan violando la Ley”, anunció Zúñiga.

La Gobernación y la Registraduría también hicieron un llamado de atención a las alcaldías municipales para que asignen recursos en aras de garantizar la logística de las elecciones territoriales de octubre.

“Seguimos la línea del gobernador Carlos Caicedo de garantizar la democracia. En ese orden, también hicimos énfasis en el alistamiento de los municipios sobre la circular con acompañamiento técnico del Ministerio del Interior, con respecto a la asignación de recursos para gastos electorales y el papel y la competencia que juegan las alcaldías para el escenario electoral su corresponsabilidad para garantizar unas elecciones en total normalidad”, añadió la titular de la cartera del Interior.

Previamente, la administración departamental ya había dispuesto 200 millones de pesos para fortalecer la logística de la Registraduría y la Fuerza Pública de cara a las elecciones democrática.

En ese sentido, la secretaria del Interior, Anabel Zúñiga, manifestó que dicho documento fue elaborado con miras a que todas las autoridades adscritas al Comité trabajen de forma articulada para garantizar “acciones de prevención sobre todo para la protección de dirigentes de partidos y movimientos y demás líderes y lideresas que desarrollen un papel en los escenarios electorales”.

“Santa Marta tiene varios de los fenómenos electorales sobre todo en materia de publicidad electoral, lo que es necesario trabajar para garantizar unas elecciones transparentes y que cumplan la normatividad vigente, pues la instalación de vallas publicitarias tiene sus tiempos y su rigurosidad; en ese aspecto generamos compromiso para emprender acciones coordinadas y dar a conocer el cronograma y la ruta de sanciones, pero, sobre todo, hacer énfasis en la pedagogía”, agregó.

En este tercer Comité también participaron: la Procuraduría; la Defensoría del Pueblo; la Contraloría; líderes y voceros de movimientos y partidos y grupos de ciudadanos significativos del Departamento y su capital; la Secretaría de Gobierno de Santa Marta; el Ejército y la Policía Nacional, entre otros.