El SENA y su reto institucional 

El Servicio Nacional de Aprendizaje fue creado en junio de 1.957 en plena agonía de la dictadura militar, con el objetivo esencial de brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, la agricultura, la minería y la ganadería en todo el país. La Constitución Política actual sembró en su articulado el concepto de autonomía universitaria, desarrollado legalmente a partir de 1.992, y desde entonces, El SENA es un establecimiento público autónomo facultado por la Ley para adelantar programas académicos de formación técnica profesional y tecnológica, sin ser una Institución universitaria, tampoco una Universidad.

Sus recursos financieros se nutren del Presupuesto General de la Nación, de un gravamen del 2% sobre el valor de la nómina de trabajadores vinculados por contratos de trabajo permanentes de las empresas obligadas, del 0.5% del total de los sueldos de los servidores de la Nación y de las entidades territoriales, de la venta de servicios y productos, y de las multas a las empresas no aportantes o contratantes. Para 2.023 el presupuesto de la entidad será de algo más de 4 billones, 410 mil millones de pesos, que se considera deficitario para el cumplimiento de su misión institucional entre las que se encuentra la atención de más de 1.3 millones de aprendices en 117 centros de atención de los departamentos del país.

El SENA se ha distinguido durante su vida institucional por ser, más una entidad de capacitación que de formación profesional, dentro del estricto concepto de la educación contenido en la Ley.  Y aunque ha sido autorizada para ofrecer programas de educación superior, su naturaleza jurídica, su organización y funcionamiento, no la identifican como una institución de este tipo, lo que ha limitado su misión y su visión como establecimiento de capacitación y de formación académica integral. Una Ley de 1.992 la condenó a seguir funcionando de conformidad con su acto de creación y su naturaleza jurídica, de tal modo que la importante entidad se encuentra circunscrita en su radio de acción a los programas de formación profesional que ofrece en el interés de brindarle desarrollo laboral y social a los trabajadores colombianos.  Así lo evidencia la treintena de programas, cursos, capacitaciones que anualmente ofrece en sus seccionales de los 32 departamentos y en sus centros de formación, programas de Sistemas y Software, Contabilidad Comercial y Financiera, Gestión Administrativa, Confección de Ropa, Talento Humano y otros.    Los títulos profesionales que otorga son los de Técnico Profesional o el de Tecnólogos.

Pero el SENA necesita como reto Institucional dar el paso subsiguiente: El Gobierno está obligado a priorizar la problemática de millones de colombianos que se quedan anualmente sin educación universitaria por falta de oportunidades, que se refleja en una baja tasa de cobertura en la Educación Superior -algo cercano al 60%-, en la imposibilidad de los jóvenes de llegar a las aulas universitarias por la carencia de recursos económicos y en la falta de cupos accesibles en las universidades del país.  Nada se ha dicho de la expectativa de creación de 500.000 cupos universitarios en el presente Gobierno, que paliarían el gran déficit de posibilidades que tienen los jóvenes de llegar a su formación máxima.   En este rol, pensamos que el SENA debe jugar un papel importante en la creación de nuevos cupos universitarios, planteándole al legislador la posibilidad de que ella cumpla funciones de educación superior, modificando la Ley de autonomía universitaria de 1.992, multiplicando su presupuesto general y creando en sus amplias instalaciones en el país, aulas de formación, con programas académicos de calidad en áreas como la ciencia, la tecnología y el arte, que son variadísimas y  claves para nuestro desarrollo.

Nos alegra enormemente que la entidad anuncie la creación de más de 3.000 cupos de trabajo, en función de intermediación del mercado laboral, pero el verdadero reto es verla convertida en una Institución universitaria, o en una Universidad para acompasarnos con la obligación constitucional  del Estado y de los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, es decir a todos los colombianos.

*Abogado laboralista *Profesor universitario*Escritor