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El Gobierno tuvo primera reunión con exjefes paramilitares para hablar de Justicia y Paz. Hubo propuestas polémicas.
La reunión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y varios de los exjefes paramilitares más importantes del país, fue citada en un modesto hotel al norte de Bogotá y transcurrió durante dos horas en las que se tocaron temas tan delicados como la entrega de bienes durante el proceso de Justicia y Paz, el tratado de extradición y el delito de sedición, una figura con la que los exparas buscan tener estatus político.
Los invitados fueron citados uno a uno con la condición de mantener bajo reserva el encuentro hasta que la Presidencia lo hiciera oficial. Varias horas después, un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se publicó casi que a la media noche revelando la reunión que se realizó este miércoles y en la que participaron exparamilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jimenes, alias Macaco, quienes se conectaron de manera virtual desde cárceles de EE. UU.
Uno de los últimos en llegar al punto de encuentro fue el comisionado de paz Danilo Rueda, quien ya conocía a casi todos los asistentes por reuniones en las que han coincidido mediando asuntos de la paz total. Pero, ¿qué hacía el Gobierno reunido con exparamilitares que ya participaron de un proceso de paz y están sometidos a la justicia?
La idea de una reunión para hablar con los exjefes paramilitares empezó por iniciativa del mismo Petro, quien dijo en un evento que el proceso de Justicia y Paz había quedado “mal diseñado” y había “permitido que muchos retomaran las armas”.
Tras esas declaraciones, un grupo de los exjefes paramilitares vivos más relevantes que tiene el país le mandaron una carta el pasado 29 de marzo, en la que le solicitaba una reunión para hablar de la inseguridad de los excombatientes y la condición actual de los firmantes de ese Acuerdo.
La idea recibió el visto bueno de Petro, quien se ofreció a conversar con ellos directamente para “hacer una especie de fase final de la Ley”.
Según dijo el pasado lunes, “los antiguos jefes paramilitares que han pagado sus condenas hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debería darse, es necesario que Gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para ver qué paso con los bienes, qué paso con la Ley”.
Con eso en mente, Rueda sirvió como un primer acercamiento para escuchar lo que tenían por decir y pedir explicaciones sobre los bienes que entregaron esos grupos armados y que, según Petro, podrían haber caído a manos de ilegales.
¿ESTATUS POLÍTICO PARA PARAS?
Pero más allá de exponer los reparos al proceso de Justicia y Paz y la inseguridad que ha provocado la presunta muerte de 4.902 desmovilizados de grupos paramilitares, los exjefes llegaron a esa mesa con polémicas propuestas para el Gobierno Petro.
La más importante de ellas es una que enfrentaría directamente al fiscal Franciso Barbosa con el Gobierno: la sedición. “Nosotros hemos venido insistiendo en ese delito político que debería ser aplicado a los exparamilitares. Si la guerrilla es procesada por rebelión por tomar las armas contra el Estado, los paramilitares también deberían ser juzgados por sedición por ocupar un espacio en donde el estado no estuvo”, detalló el abogado Michel Pineda, uno de los intermediarios entre los ex jefes paramilitares recluidos en cárceles de los Estados Unidos y el Gobierno.
Por otro lado, asistentes a esa reunión contaron que los exparamilitares también pidieron reevaluar los periodos máximos que pueden pasar los extraditados en Estados Unidos y hasta solicitaron que todos los exparas y exguerrilleros que están en ese país sean recluidos en una misma cárcel para facilitar la logística de cooperaciones judiciales y de verdad.
Mancuso, que se conectó desde su Centro de Detención Stewart, en Georgia, Estados Unidos, enfatizó en su deseo de aportar a la verdad del conflicto y le pidió al Gobierno que facilite esa gestión.
Por ahora, Rueda se comprometió a llevar las peticiones mientras se da el cara a cara entre los exparas y el presidente, quien deberá ponderar el costo político que implicaría tramitar algunas de ellas.
/Colprensa