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Exalcaldes de Ciénaga y Ariguaní a responder fiscalmente: Contraloría
El detrimento patrimonial supera los $2 mil millones por la no cancelación de obligaciones tributarias y la organización del archivo municipal.
La Contraloría General del Magdalena en virtud de sus facultades de vigilancia y control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos del orden departamental, imputó Responsabilidad Fiscal a título de culpa grave a los exalcaldes de Ciénaga y Ariguaní, respectivamente.
Se trata de los doctores Edgardo De Jesús el ‘Nene’ Pérez, exalcalde del municipio de Ciénaga, y Rivelino Mendoza Ballestas, exalcalde de Ariguaní.
Lo anterior por el presunto detrimento en la celebración de contratos que iban en la organización del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y elaboración de instrumentos archivísticos; hasta el no pago de obligaciones tributarias en el caso del exalcalde de Ariguaní.
En el caso de Edgardo Pérez Díaz, exalcalde de Ciénaga, Magdalena, el motivo de la imputación es el presunto detrimento patrimonial que se origina en la celebración de un contrato de prestación de servicios por valor de $95 millones con la Fundación Social Visión Guajira.
El objeto del contrato era: “La prestación de servicios para el apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y elaboración de instrumentos archivísticos.”
Además de esta imputación, se siguen otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, en los que el valor del presunto detrimento patrimonial asciende a la suma de $2 mil millones aproximadamente.
Por su parte, con relación al exalcalde de Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas, la imputación se sustenta en que el exmandatario como representante legal de la administración municipal, no presentó, ni canceló oportunamente las obligaciones tributarias de la entidad territorial a su cargo, contrariando lo reglado en el artículo 376 del Estatuto Tributario Nacional.
Según el ente de control, lo anterior generó el pago de intereses moratorios y sanciones económicas, los cuales pudieran constituir un presunto detrimento patrimonial.
Así mismo, el ente de control adelanta otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, por hechos relacionados con su gestión como alcalde de Ariguaní, Magdalena, cuyo presunto daño al patrimonio público supera los $160 millones, sin perjuicio de la probable indexación a la que haya lugar.
Finalmente, la Contraloría General del Magdalena mantiene su postura en contra de los hechos que atenten contra el recto ejercicio de la administración de los recursos del Estado, por lo que una vez más, reafirma su compromiso con la ciudadanía magdalenense, de proteger el patrimonio público.
