HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Gobierno radicó ley de sometimiento para las bandas criminales

La iniciativa hace parte de la política de paz total. Podría tener mensaje de urgencia. 

Tras más de un mes de espera, el gobierno nacional por medio de sus ministros de Justicia e Interior, Iván Osuna y Alfonso Prada, respectivamente, y con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico, se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a grupos delincuenciales distintos a las guerrillas.

La iniciativa, denominada por el Ejecutivo como ‘Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones’, hace parte del paquete de normas que el gobierno de Gustavo Petro está incluyendo en la llamada paz total que espera conseguir para el país.

Al presentar el proyecto el ministro Osuna, manifestó que “contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa».

Precisó que la ley plantea que será la justicia ordinaria y no una especial la que llevará los casos de sometimiento, “tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados”.

Planteó que “la paz se construye con distintas estrategias y esta es una de ellas, que apunta específicamente a unos grupos criminales que han alterado la convivencia pacífica desde hace algún tiempo».

Por su parte el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, precisó que “es una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”.

El presidente del Senado, Roy Barreras, quien anunció que el gobierno le dará mensaje de urgencia a esta ley, consideró que de esta forma se “acaba con todo tipo de especulaciones y negociaciones clandestinas que nunca fueron autorizadas y que pretendían negociar las leyes en las calles. Las leyes se hacen en el Congreso, de cara a la ciudadanía». Tanto Barreras como el presidente de la Cámara, David Racero, coincidieron en que la ley no dará estatus político a este tipo de grupos. Según Racero, “este proyecto no reconoce estatus político en el procedimiento mismo de los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria».

Quien también en todo el proceso de construcción del proyecto fue el senador Iván Cepeda Castro, quien destacó que la ley “no brinda ninguna clase de impunidad, como podrán verlo a través de las penas que se ofrecen a consideración del Congreso, pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos puedan someterse a la justicia. Establece claramente la diferencia entre los grupos de carácter político con los cuales se negocia, como es el caso del ELN, y las estructuras que están ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal como única forma de actuación».

ENTREGA DE BIENES 

En el nuevo proyecto llevado al Congreso se establece un beneficio por la entrega anticipada de bienes. En cualquier etapa del proceso y hasta antes de la imputación colectiva, según sea el caso, «los procesados identificarán en un inventario los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas».

Ante esa colaboración con la justicia el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis por ciento del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las victimas, «sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV». Esto equivale a 11.500 millones de pesos.

Igualmente se establece que en la presentación del escrito para la imputación colectiva por parte del fiscal delegado, el juez señalará la fecha en que deberá hacerse la entrega material de los bienes identificados en el inventario.

También se incluyó un parágrafo que había sido pedido por la Fiscalía para que los bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio o se encuentre en trámite de extinción de dominio, con anterioridad a la suscripción del acta colectiva de sujeción a la justicia, no serán contabilizados para efectos del beneficio.

LAS PENAS 

La iniciativa del Gobierno establece que a la mayoría de quienes se sometan se podría conceder el principio de oportunidad con lo que el Estado cesa la acción penal en su contra. Para los demás se plantea una pena de entre 6 y 8  años en centro carcelario y un periodo de cuatro años «de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración».

Entre los delitos que no serían judicializados y por tanto no generarían condena están el concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Y quienes vayan presos no tendrá derechos a subrogados penales ni beneficios administrativos, ni la redención de que trata el Código Penitenciario y Carcelario.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS  

En principio el articulado establece los compromisos de las personas se quieran someter a la justicia entre ellos manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo; suspender todo tipo de actividades ilícitas; entregar la totalidad de las armas en poder de la estructura; entregar la totalidad de personas secuestradas en su poder; entregar la totalidad de los menores reclutados y entregar inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura, que se encuentren dentro del territorio nacional o fuera del país.

En caso de incumplir sus compromisos perderían todos los beneficios y se enfrentarían a las penas plenas por sus delitos. Se considera un incumplimiento:  retomar las armas; ser condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la suscripción del acta individual de sujeción a la justicia y garantías de no

repetición; involucrarse en algún tipo de economía ilegal, en cualquiera de sus etapas de operación.

En otro aparte se menciona que hay mecanismos para verificar con la Policía, la Fiscalía e inteligencia a las personas que busquen beneficios y en caso de encontrar colados «tanto a los voceros y representantes como quienes pretenden hacerse

pasar por integrantes, no se les aplicará lo dispuesto en la presente Ley y, en

consecuencia, perderán los beneficios del tratamiento penal». Adicionalmente la Fiscalía iniciará investigaciones contra ellos.

EL ABC DE LA REFORMA 

En la ley se llaman estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto a las organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas; que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red; que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles; Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen y que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.

No hacen parte de este tipo de grupos y organizaciones, las que son armadas rebeldes que poseen carácter político, con las cuales el Gobierno adelanta diálogos o conversaciones de paz.

Las penas de cárcel, que deberán pagar, van de seis a ocho años, que dependerán del grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.

Se incorpora además que las penas impuestas con anterioridad a la sujeción a la justicia a jefes o cabecillas de las estructuras criminales de alto impacto se acumularán y serán sustituidas por la que se les imponga, de acuerdo con los planteado en la iniciativa.

El procedimiento se dará en tres etapas acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y, cumplimiento.

Serán causales de pérdida individual del tratamiento penal y de aplicación de las penas ordinarias, retornar a las armas; ser condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la suscripción del acta individual de sujeción a la justicia y garantías de no repetición; involucrarse en algún tipo de economía ilegal, en cualquiera de sus etapas de operación; no cumplir con las obligaciones para mantener el tratamiento penal, ni la verificación de las mismas; no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.

¿Quién investigará? 

El primer texto de la iniciativa proponía que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, creada en los acuerdos de paz de La Habana, sería la encargada de hacer las investigaciones y acusaciones ante los jueces de los integrantes de las bandas.

Este punto había sido cuestionado por la Fiscalía, y en el nuevo proyecto se señala que el ente acusador «asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces de la República respecto de las conductas cometidas por las personas que se sujeten a la justicia en los términos de la presente Ley».

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

Uno de los mayores cuestionamientos de los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal era que no se garantizaban adecuadamente los derechos de las víctimas.

En la nueva norma se señala que la participación de las víctimas será garantizada en todas las etapas procesales: «La Fiscalía General de la Nación, los jueces y la Defensoría del Pueblo, si es del caso, tomarán medidas especiales que permitan superar las barreras para el acceso a la administración de justicia en los procesos objeto de esta ley por razones de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o pertenencia étnico- racial».

Se propone convocar de forma general a todas las personas que se consideren víctimas de los integrantes de la estructura armada para realizar observaciones de la caracterización de los daños y las propuestas de actos restaurativos.

«Las víctimas están legitimadas para presentar solicitudes ante el fiscal delegado en cualquier etapa del proceso, inclusive, la apertura del incidente de incumplimiento», se lee en el texto.

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