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´Si Congreso no aprueba reforma a la salud tal como está, la retiramos´ 

  La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó estar consciente de los cambios que podría tener la reforma a la salud en su trámite en el Congreso, pero advirtió que si esta no continúa con sus bases, no tendría sentido aprobar algo que no cambie en nada. 

Así lo manifestó durante el foro educativo realizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), denominado ‘¿Cuál es la mejor reforma?’, donde se abordaron temas importantes del articulado que pretende reformar el sistema de salud en Colombia, con la función de las EPS.

La ministra señaló que “existen cinco propuestas de reforma cursando en el Congreso y eso muestra que el país está de acuerdo en que es necesario hacer cambios a la prestación del servicio de la salud”.

Por otro lado, en cuanto a la participación privada en este proyecto de ley, la jefe de la cartera aclaró que los Centros de Atención primaria no sólo serán públicos, sino también privados, argumentando que no se pretende estatizar el sistema y que el sistema actual es muy complejo, “aquí hay demasiado empaquetamiento que se puede ahorrar. Este sistema se ha convertido en un sistema de facturación y no en un sistema de salud”, dijo la ministra.

Frente a los señalamientos que ha tenido este proyecto, en el que se advierte la destrucción del sistema actual de salud, Corcho aseguró que “nosotros estamos construyendo sobre lo construido. Seguimos construyendo sobre el sistema general de seguridad social en salud, porque si no se reforman las EPS se desploman”.

Otro de los puntos fue la formalización de los profesionales del sector salud, una inquietud que también ha estado presente en medio de este debate, según Corcho, esto será un proceso que se hará de manera gradual y que se priorizará al personal que vaya al sistema primario y se presentará una propuesta en formación por oferta en los sectores dispersos.

Al cierre del Foro la ministra aseguró que la decisión del Gobierno nacional es que el proyecto de ley conserve su esencia porque se trata de la vida de millones de colombianos. “Yo hago el llamado a despolarizar el debate porque estamos frente al valor supremo de la vida”, puntualizó la ministra.

OFENSIVA JURÍDICA  

De otro lado, en diferentes frentes, la oposición política y algunos sectores ciudadanos adelantan acciones contra varias iniciativas del Gobierno nacional, expresadas en decretos y leyes, que consideran algunas de ellas son contrarias al ordenamiento jurídico, especialmente en el tema de la política de paz.

Como consecuencia, en escasos siete meses que lleva el mandato, la oficina jurídica de la Presidencia de la República, así como las correspondientes dependencias en diferentes ministerios, han presentado los recursos y los argumentos para justificar las medidas y lograr que sobrevivan.

La mayoría de acciones admitidas por las altas Cortes están en el desarrollo de su trámite pendientes de decisiones. Sin embargo, algunas ya han producido resultados como la demanda de control de nulidad contra el Decreto 227 del presente año por el cual el presidente Petro asumió funciones de las comisiones de regulación de energía y de y gas, así como la de agua potable, con el fin de intervenir las tarifas, debido a los incrementos que muchos ciudadanos consideran exagerados.

El Consejo de Estado concedió medidas cautelares a los demandantes de este Decreto por considerar que se emitió de forma irregular, como es que no se dieron los 15 días que establece la ley en su publicación para que los ciudadanos puedan pronunciarse, mientras emite un fallo de fondo, y como consecuencia suspendió provisionalmente dicho Decreto.

Entonces, el Presidente no puede por el momento tomar determinaciones frente al asunto de las tarifas, iniciativa muy criticada por Andesco, que agrupa a las empresas de servicios públicos, porque consideran contraproducente que el Estado intervenga este mercado en donde el sector privado ha hecho grandes inversiones.

El Gobierno ya se está moviendo en este sentido. La Superintendencia de Servicios Públicos, a cargo de Dagoberto Quiroga, presentó ante el Consejo de Estado un recurso de reposición ante la suspensión del Decreto.

En el documento el superintendente Quiroga señala, entre otras, que el Consejo de Estado no aclara “cuál es el presunto perjuicio irremediable o el peligro inminente que se quiere evitar”.

BOGOTÁ (Colprensa).

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