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“Marchita al sector privado e impone un peligroso monopolio estatal”: Uribe sobre la reforma a la salud

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, nada menos que el jefe de uno de los principales partidos de oposición al presidente Gustavo Petro y quien fue uno de los congresistas que en los años 90 impulsó la Ley 100, se refirió a la controvertida reforma a la salud que esta semana radicó el Ejecutivo en el Congreso y que plantea, justamente, modificar la norma.

En un extenso documento conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, titulado “Salud: ajustes sin desbarajuste”, Uribe presentó sus observaciones sobre la iniciativa buscando “contribuir a la discusión”. En esa línea, advirtió, de entrada, que “sí hay destrucción del sistema mixto solidario” de salud y que es un riesgo que el Estado termine convirtiéndose en el “único empleador de médicos y trabajadores de la salud”.

“Se observa un guion ideológico que marchita al sector privado, incluidas las fundaciones de salud, e impone un peligroso monopolio estatal, ayudado por un sinnúmero de colectivos de muy probable homogeneidad política. Se plantea una confrontación entre el sistema mixto actual, que los críticos señalan de mercado y el monopolio estatal que lo exaltan como social”, alegó Uribe.

En primer lugar, el expresidente se refirió a los denominados Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS), los cuales crea la reforma para que sean operados por las EPS y que serían los encargados del cuidado de la salud y prevención de la enfermedad.

Para Uribe, pese a que su naturaleza sea pública o mixta, esos Centros estarían inmersos en un sistema de monopolio estatal. En materia de infraestructura, advirtió que, si la idea es que haya un CAPIRS por cada 25.000 habitantes, se necesitarían al menos 2.000 nuevos centros con un costo aproximado de $10 billones, “suma que parecería para la obra física y dejaría por fuera los equipos”.

En ese sentido, alertó que, de acuerdo con el proyecto, es el Centro el que definirá la necesidad del afiliado de ser remitido a un servicio de más complejidad, “una decisión que parece muy compleja y sometida a cuatro conceptos. Una de las mayores quejas en Colombia, que se expresa en buena parte de las 90 mil tutelas anuales, es la demora para remitir pacientes. Con el entramado burocrático propuesto, este problema podría aumentar”.

Adicionalmente, indicó que este modelo limita el derecho de libre escogencia, “que tampoco puede entenderse como absoluto, pues hay regiones que no ofrecen suficiente infraestructura para escoger y para prestar un buen servicio tampoco conviene la pluralidad de aseguradores”.

Al hacer una defensa del actual sistema, Uribe manifestó que “el lucro que asignan a las buenas EPS” es mucho menor que los costos de la ineficiencia pública. “La buena EPS que más gasta en administración no supera el 4,5% y los rendimientos patrimoniales han sido mínimos o negativos. Tampoco cabe una división entre pobres y ricos pues la solidaridad del sistema lleva a que todos tengan los mismos beneficios, atenciones y el acceso a los mismos hospitales”.

Sobre las EPS, el expresidente agregó que “es clara la división en resultados” entre las entidades bien administradas y aquellas con corrupción o politiquería. Según Uribe, el servicio es malo “en centros de salud y hospitales, especialmente públicos, en estado de deterioro”.

Al referirse al enfoque de territorialidad que plantea la reforma, Uribe dijo que la “división verdadera” que existe hoy en materia de salud es entre “regiones bien dotadas y las deficientes, especialmente en la ruralidad”.

Frente a los copagos y las cuotas moderadoras que hoy se hacen para acceder a servicios, el jefe del Centro Democrático reclamó que se prohíben en la reforma y solo se mantienen para lo que no sea una “urgencia vital”. “El sistema actual los restringe al Régimen Contributivo y de acuerdo con una focalización por ingresos, lo cual es más equitativo”.

También defendió que el sistema actual, a través de herramientas como la tutela y organismos como la Superintendencia de Salud, ofrece más caminos para que el ciudadano reclame. “La posibilidad de reclamo en un monopolio estatal se convierte en un privilegio político”.

Sobre la entrega de medicamentos, Uribe dijo que el proyecto “simplemente” dice que se hará a través de entidades habilitadas para dispensarlos. Por ello, señaló que hay preocupación porque cualquier farmacia o dispensario de medicamentos “tenga que depender de un monopolio estatal”, con riesgos de desabastecimiento y de logística de distribución.

“Si bien hay problemas como medicamentos que demoran, que no se transportan para que lleguen al beneficiario, el país ha mejorado con controles de precios, ofertas de genéricos y tiempos de suministro. Durante la pandemia, en 433 municipios hubo entrega en el domicilio del paciente”, sostuvo.

/EL COLOMBIANO 

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