Gobierno propone de 6 a 8 años de prisión a bandas criminales

La iniciativa da plazo de entre dos y tres años para someterse a la justicia. 

El Gobierno de Petro destapó ayer sus cartas de la llamada ´paz total´ para las organizaciones criminales. Propone que quienes se acojan a ella paguen entre 6 y 8 años de cárcel. «La suscripción del acta individual de sujeción y garantías de no repetición. La fecha límite para la suscripción del acta individual de sujeción y garantías de no repetición, será de dos años, prorrogable por un (1) año más, por decisión del Presidente de la República, que se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Ley», dice la iniciativa.

Así quienes no puedan ser beneficiados con el el principio de oportunidad, se les impondrá la pena principal y las accesorias que correspondan a los delitos cometidos seguìn el Coìdigo Penal la cual será reemplazada por la sanción de entre 6 a ocho 8 impuesta «de acuerdo al grado de responsabilidad individual, y un periodo de cuatro anÞos de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegracioìn».

Los miembros de bandas que no tengan delitos graves pendientes incluso podrían ser beneficiados con la renuncia de la Fiscalía a procesarlos: esto significaría que la mayor parte de los miembros de estos grupos quedaría sin deudas pendientes con la justicia una vez se produzca su sometimiento judicial.

Los beneficios, inéditos en la estructura legal colombiana, se extenderían también a los capos y miembros de las bandas que entren a la paz total y que están actualmente detenidos.

Según la iniciativa los beneficios cobijan los delitos cometidos anteriores a la firma y para los delitos continuados, el primer día que se consumó la conducta debe ser anterior a la firma del acta, sin que sea necesario su agotamiento.

«La presente Ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo», señala la iniciativa.

Igualmente señala las características de las redes que se podrían ver beneficiadas

«Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red.  Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.», dice el proyecto.

LAS OBLIGACIONES 

En el texto se expresan las obligaciones de los beneficiados con la ley: manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo; suspender todo tipo de actividades ilícitas; la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura; entrega de informacioìn precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo y las demaìs que se dispongan en el marco de los acercamientos y conversaciones.

Se establece además que la verificación de los compromisos estará a cargo del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y el Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

PERDIDA DE  BENEFICIOS 

Los integrantes de las bandas podrán perder sus beneficios en caso de retomar las armas, cometer nuevos delitos dolosos; no cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente Ley; no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.

El gobierno incluyó un capítulo para castigar las trampas: si hay colados, tanto ellos como los representantes de esos grupos perderán los beneficios de la pena sustitutiva.

Entre los beneficios se señala que los podrían conservar hasta el 6 por ciento de los bienes que entreguen.

En el proyecto se habla de prisión efectiva y tiene un componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo. Este segundo se cumplirá de manera extramural, y consistirá en la ejecución de las obligaciones de contribución y garantías de no repetición establecidas en la sentencia y, particularmente, en la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegracioìn.

Quienes hayan incurrido en delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilizacioìn ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal tendrán el beneficio de renuncia condicionada a la persecución penal en virtud del principio de oportunidad.

EL PAPEL DE LA FISCALÍA 

El artículo 28 del proyecto dice que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces respecto de las conductas cometidas por las personas que se sujeten a la justicia en los términos dde esta ley.

Mediante esa unidad, la Fiscalía podrá, a solicitud del Presidente de la República, suspender “las órdenes de captura que se hayan dictado y las que se lleguen a dictar durante la etapa de conversaciones y procesamiento contra los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto que se sujeten a esta Ley”.

“En la etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción, aportará información a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto”, dice el documento.

Además, en la etapa de procesamiento, elaborará y presentará ante la autoridad judicial el escrito de imputación colectiva, previa contrastación de la información aportada por la estructura armada organizada de crimen de alto impacto.

Y en la etapa de cumplimiento, la Fiscalía “pondrá en conocimiento del juez de ejecución de penas la información sobre rearme o comisión de nuevos delitos dolosos por parte de integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto que se sujete a esta Ley”: Colprensa /Con apoyo de el tiempo.com