HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Personería demandó la Ley Duque que aprobó alza en tarifa de energía   

La demanda deja claro que los usuarios no pueden pagar por la quiebra de Electricaribe.     

La Personería Distrital de Santa Marta, en cabeza del personero Edwar Orozco Oñate, instauró en la Corte Constitucional una demanda de 94 folios en contra de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, bautizado como ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del saliente gobierno de Iván Duque.

Esta acción jurídica fue emprendida al considerar que en el artículo 318 de la mencionada norma se trasgrede flagrantemente la Constitución Nacional, vulnerando los derechos fundamentales de los usuarios del servicio público de energía.

Mediante este apartado, asegura el ente de control distrital, se aprobó un incremento en el cobro del servicio de energía para la región Caribe, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio, debido a la situación de la empresa prestadora, en ese momento Electricaribe.

“Autorícese al Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización del actual mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. o las empresas derivadas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las se preste el servicio público. Para estos efectos, los límites en la participación de la actividad de comercialización de energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales al límite regulatorio corriente”, dice el texto que ha sido motivo de debate.

En este contexto, Orozco Oñate manifestó que “esa sostenibilidad no puede ser financiada a través del aumento en las tarifas del servicio a cargo de los habitantes de la región, pues, es trasladar una función inherente del Estado, imponiéndole una carga a los particulares que no están obligados a soportar”, en pocas palabras, los consumidores no pueden pagar por los platos rotos de la quiebra del anterior operador.

Por todo lo anterior, el personero de Santa Marta, en conjunto con el ciudadano Andrés Dewdney Montero, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del citado artículo, buscando, de esta forma, que el servicio energético se preste en el Caribe de forma igualitaria y con un costo que sea concordante con el nivel de servicio que reciben los hogares.

UNA BATALLA PROGRESIVA   

Esta agencia del ministerio público viene batallando ante diferentes instancias para lograr la disminución del régimen tarifario que provocó el alza en la capital del Magdalena del 49.9% en la factura de energía, según el Dane. Por tanto, la primera lucha ha sido contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad a la que Orozco le exigió en septiembre del 2022, a través del mecanismo legal conocido como ‘Agotamiento del Requisito Previo Establecido’, el “cese de la violación al derecho colectivo de acceso al servicio público de energía eléctrica”.

En la exposición de motivos de la solicitud, la Personería presentaba un escenario en el que evidencia que el descontrolado cobro está ajustado a actos administrativos que, de manera solemne, la CREG firmó sin una aparente consideración de los samarios y usuarios en general. Las resoluciones 010 del 30 de enero 2020, y 24 y 78 de 2021, permiten un cobro retroactivo por pérdida o robo de energía en el Caribe.

Sin embargo, esta comisión respondió un mes después, que la solicitud era improcedente, porque dicho régimen transitorio especial tiene una vigencia de cinco años, por lo que se hace imposible cambiar las condiciones o lineamientos definidos en esas normas.

UNA ACCIÓN POPULAR   

En esa misma línea, y luego de haber sido radicada una acción popular en noviembre del año anterior, el doctor Edwar Orozco acabó de solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, una medida cautelar que ordene a la CREG realizar una sesión especial, en el menor tiempo posible, para revisar y discutir el régimen tarifario que tiene en lío a la Comisión y a la Presidencia de la República.

“La Acción Popular empodera a los ciudadanos en la defensa y protección de sus derechos e intereses colectivos, legitimándolos como actores beneficiarios, en la medida que instrumentaliza el acceso efectivo de los ciudadanos a derechos que buscan garantizar que las necesidades colectivas se satisfagan”, agregó el personero.

De acuerdo con la entidad distrital, el juez a cargo del caso tiene todas las facultades para  salvaguardar los derechos colectivos consagrados en la Constitución, es por esto, que “la medida cautelar solicitada es pertinente y necesaria en aras de hacer cesar el daño colectivo a la comunidad de la Costa Caribe, garantizando el acceso justo, efectivo y equitativo al servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y eficiencia”.

Los samarios, y los habitantes de las otras seis capitales del Caribe,  están a la espera de ambos procesos: la declaratoria de inconstitucionalidad del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque y la solicitud de la medida provisional, pues, en el lapso que la ‘tramitomanía’ de la justicia colombiana hace lo propio,  sus finanzas siguen estando desequilibradas a causa de los cobros excesivos que imponen las facturas de Air-e y Afinia.

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