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EEUU y Fiscalía, preocupados por política de paz del gobierno

La justicia de Estados Unidos y la fiscalía colombiana están preocupadas por la posible suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes con pedido de extradición que propone el presidente Gustavo Petro en su política de «paz total», según dijo este domingo el fiscal Francisco Barbosa. 

En el marco de una «ley de sometimiento» que Petro envió al Congreso, y que se discutirá en las próximas semanas, el Ejecutivo solicitó suspender las órdenes de captura contra ciertos narcotraficantes, algunos del poderoso Clan del Golfo.

Barbosa se negó a acatar la recomendación alegando una posible obstrucción a la justicia de Estados Unidos, que pide a varios de ellos en extradición. El 28 de enero se reunió en Washington con su par estadounidense, Merrick Garland.

«Encontré un pleno respaldo del Departamento de Justicia, sobre todo por las decisiones que ha tomado la fiscalía en el último mes. En especial, el no levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición», dijo en entrevista con el diario El Espectador.

Según Barbosa, a Estados Unidos le inquieta que se frustren arrestos de narcos debido a las iniciativas de Petro. «Tenemos unas preocupaciones de que siga funcionando la cooperación judicial», añadió.

Como parte de su iniciativa de «paz total», Petro se sentó a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, y planea hacerlo con rebeldes de las FARC que no dejaron las armas tras el pacto de 2016 y grupos dedicados al tráfico de cocaína.

Su propuesta avanza entre críticas por el tratamiento judicial que podría darle a los delincuentes, en negociaciones sin carácter político, a cambio de concederles beneficios legales.

Antes de asumir como mandatario, en agosto, Petro propuso crear una justicia especial para narcotraficantes como la que el Estado dispuso para los guerrilleros de las FARC en los acuerdos de paz de La Habana.

Tras medio siglo de conflicto interno, el enfrentamiento entre narcos, guerrilleros, paramiliates y agentes estatales deja más de nueve millones de víctimas.

EL CASO DE LOS ABOGADOS 

Buscando desmarcarse del escándalo que se viene encima el Gobierno Nacional alertó sobre algunas personas que están engañando a reclusos para ingresar a la política de paz que impulsa el presidente Gustavo Petro.

A través de un comunicado, informó la oficina del Alto Comisionado para la Paz que «unos pocos abogados faltos de ética profesional», le han pedido dinero a privados de la libertad «a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición».

«Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total», señala el documento.

Informó la entidad que interpuso la denuncia sobre estos hechos para que las autoridades hagan las respectivas investigaciones: «Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho».

También señaló el Alto Comisionado para la Paz que «lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación».

«Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta», agregaron.

Por otro lado, dice el comunicado que «cualquier decisión que se adopte en los escenarios de acercamiento con estructuras armadas se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación realizará una investigación eficaz y con garantías ante cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz».

Cabe recordar que el fiscal Francisco Barbosa informó el pasado lunes que citó al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, sobre supuestos pagos que harían narcotraficantes para entrar a la política de paz.

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