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“No entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales, que adquirió a través del voto popular, sin que haya una sentencia de un juez penal en su contra. En esa medida, si yo me beneficié de eso (las medidas del Sistema Interamericano), ¿por qué tengo entonces que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado rompiendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?”, cuestionó Petro.
La declaración del mandatario se da después de que el Ministerio de Exteriores de Perú le enviara una nota diplomática a la Casa de Nariño desde el pasado 23 de enero, señalándole que “sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional” y acusándolo de cometer “un nuevo acto de injerencia” en asuntos internos de Perú.
La misiva presentada por la administración de Boluarte a la Casa de Nariño se da en respuesta a las intervenciones públicas que ha hecho Petro a favor del expresidente Pedro Castillo y en contra de la violencia en las protestas que comenzaron en diciembre.
Ese mes Castillo intentó perpetuar –sin éxito– un autogolpe y desde entonces está detenido por un pedido de prisión preventiva. Las autoridades judiciales lo investigan por el delito de rebelión, después de que él intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.
De ahí que Petro ha criticado el hecho de que un exmandatario que fue elegido mediante el voto popular esté en la cárcel. Primero, el presidente colombiano le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir a favor de Castillo y brindarle protección. Segundo, y tras el estallido de las protestas de los simpatizantes de Castillo, él ha sido un crítico del accionar de la Fuerza Pública peruana contra los marchantes.
Los reportes de las organizaciones de Derechos Humanos dan cuenta de que alrededor de 60 personas han fallecido en el marco de las movilizaciones que comenzaron en diciembre, con las que un sector de la población reclama la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Constituyente para modificar la carta magna.
/EL COLOMBIANO