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Auditoría vigilará cumplimiento de órdenes de la corte para proteger a los Wayuu

En medio de la visita de la Contraloría al departamento de la Guajira para hacer seguimiento a hallazgos fiscales por $132.025 millones, se anunció la instalación de una auditoria para evaluar el cumplimiento dado a la sentencia de la Corte Constitucional que ordena medidas de protección para los indígenas Wayuu.

Según informó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la auditoria se adelantará en el primer semestre del presente año con la finalidad de hacerle seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, a través de la cual la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

Esta auditoria intersectorial iniciará el próximo 23 de enero del presente año con la participación de la Contraloría delegada de Inclusión Social, la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira, y las Contralorías delegadas del Posconflicto, Población Focalizada, Salud, Educación, Gestión Pública, Defensa, Vivienda, Medio Ambiente, Infraestructura y Sector Agropecuario.

En desarrollo de su Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal para el 2023, todas las entidades harán un seguimiento de cumplimiento de la sentencia citada por el alto tribunal, el cual asignó órdenes a las entidades responsables como el ICBF, Presidencia, ministros de salud, educación, interior, vivienda, hacienda, agricultura, entre otros, así como las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia.

Hasta el 23 de junio de 2023, la auditoria conformará un grupo de diversos expertos para hacerle seguimiento a la sentencia y disminuir los riesgos en los cuales se encuentran los grupos indígenas Wayuu en La Guajira.

Esta decisión se suma a las indagaciones disciplinarias anunciadas por la Procuraduria por la muerte de 2 niños y una niña, de 15, 4 y 9 meses, integrantes de la comunidad Wayuu.

Según expresó el ente de control, “La muerte de los menores se habría dado por causas asociadas a desnutrición, razón por la que el Ministerio Público puso la lupa sobre las autoridades departamentales y locales, y de entidades como el Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud de la Guajira y de salud municipal”.

/Colprensa

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