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Luego de que el pasado 2 de enero en Tuluá fueran incineradas cinco busetas de transporte público de la empresa La Esperanza, y de que el miércoles fuera atacado con disparos un conductor de esta misma compañía, las autoridades están investigando si se trata de un nuevo caso de extorsión y persecución.
Ante este panorama, el secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, ofreció $5 millones por información que permita dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos y otros hechos que afecten la seguridad del municipio. Además, desde la Alcaldía de Tuluá se ofrecieron $30 millones más con el fin de esclarecer lo ocurrido.
Sobre el ataque con arma de fuego al conductor del bus, el coronel Wilson Silva, subcomandante del departamento de Policía Valle, afirmó que esta persona fue llevada a un centro asistencial donde fue atendido por los especialistas de la clínica. En estos momentos se realizan labores investigativas para establecer si tiene alguna relación con la incineración del los vehículos el pasado 2 de enero”.
El uniformado añadió que la Policía Nacional está presta a hacer acompañamiento a las empresas de servicio público y a toda la comunidad, por lo que “estamos verificando si hay otra compañía amenazada, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia formal que nos indique esto”.
Luego de estos hechos, Claudia Moscoso, administradora de la empresa de buses La Esperanza, indicó que se veían en la obligación de suspender el servicio, pero horas más tarde se reanudó ya que los vehículos fueron escoltados en los diferentes recorridos por uniformados de la Policía.
“Tenemos en este momento paralizada a la comunidad y a familias que viven de este transporte. Queremos que el Ministro de Defensa haga presencia en este municipio para que mire a quienes va a incluir en un proceso de paz cuando lo que hacen es sembrar el terror desde una cárcel”, reclamó Claudia Moscoso.
Como si fuera poco, en la noche del martes 3 de enero también se registró en Tuluá la incineración de un vehículo de comidas rápidas llamado Fercho Burguer, que también estaría relacionado con extorsiones.
Ante este panorama, desde la Gobernación del Valle se anunciaron varias medidas urgentes. “Lo primero que se realizará será un plan de intervención específico con tres acciones puntuales. La primera es el fortalecimiento de las capacidades de Policía, tanto el personal investigativo como el de vigilancia; el segundo punto es una bolsa de recompensa de hasta $5 millones por información de personas que pretendan alterar el orden público o información que conduzca a la prevención de delitos. Por último, habrá un componente de prevención, junto con la Fiscalía, para identificar a los autores materiales de estos hechos y buscar su captura”, explicó Camilo Murcia.
El Secretario sostuvo que no es 100% confirmado que lo que está pasando con la empresa de buses sean extorsiones, pero aseguró que llegarán uniformados a Tuluá para prevenir estos casos, no solo en la empresa de transporte, sino en “el campo empresarial y comercial del municipio”.
“ Las autoridades se han contactado con los representantes de la empresa de buses y se está investigando qué hay detrás de todo lo ocurrido. En Tuluá tenemos identificados a varios grupos delincuenciales, entre ellos La Oficina, y lo que estamos haciendo es identificar tanto a los actores como a los cabecillas que hacen presencia en el territorio”, finalizó Murcia.
CALI (EL País).