Petro decidió violar la Constitución

Nada bien le ha salido al presidente Gustavo Petro su persistente idea de poner en la calle a un grupo de delincuentes que en el paro de hace dos años se hicieron llamar ´La Primera Línea´.

Es por ello que continúa la polémica tras la publicación del Decreto 2422, a través del cual el Gobierno Nacional crea la comisión para estudiar, caso por caso, la liberación de varios integrantes de la denominada ‘Primera Línea’, para que se conviertan en gestores de paz.

La medida no ha caído muy bien en todos los sectores de la sociedad, pues mientras los más cercanos al Gobierno Nacional están de acuerdo en proceder de esta manera, otros rechazan la idea y la consideran hasta inconstitucional, como los expertos consultados por Colprensa.

El abogado penalista Francisco Bernate manifiesta que los únicos que pueden liberar a personas privadas de la libertad son los jueces de la República, por lo que esta medida que está tomando el Gobierno Nacional “desconoce la separación de poderes, que es la base de nuestra constitución y, por eso, no puede decidir sobre libertades”.

Precisamente, el decreto señala que la función de esta comisión será evaluar, caso por caso, y recomendar la posible escogencia de jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que estén privados de la libertad y que puedan ser designados como voceros; aunque la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro.

Bernate asegura que el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición, por los vicios de inconstitucionalidad que presenta al tomar este tipo de decisiones en cabeza del ejecutivo.

No muy alejada está la postura del exvicefiscal general de la nación Wilson Alejandro Martínez, quien expresa que se están desconociendo las decisiones de los jueces, incluso asegura que el presidente Gustavo Petro estaría cometiendo un delito.

“Yo no sé cómo piensa el Gobierno Nacional presionar a los jueces para que emitan esas órdenes de excarcelación. Si lo que pretenden es que el Inpec omita la obligación de requerir la boleta de excarcelación y que proceda a ponerlos en libertad, atendiendo un decreto, eso es básicamente un prevaricato por acción”, asegura Martínez.

A esto mismo se suman las declaraciones entregadas la semana pasada por el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Hugo Ríos, quien defiende las decisiones tomadas por los jueces con respecto a los integrantes capturados de la Primera línea y expresa que existen otros caminos legales para conseguir la libertad de estas personas.

“Yo avalo y ratificó la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces sobre las cuales se privaron de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y los bienes de las personas. Ahora, quien considere que esté detenido ilegalmente, pues hay unas acciones que las conocen nuestros jueces como Habeas Corpus, para quien lo considere”, expresó.

EL DECRETO 

El gobierno nacional dio a conocer en la mañana de este lunes, de manera oficial, el decreto 2422, que establece los mecanismos a través de los cuales se llevará a cabo la liberación de los jóvenes capturados en protesta que sean declarados gestores de paz.

El decreto, ya firmado y publicado, crea la Comisión intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, integrada por el ministro de Justicia, Ministro de Interior, Ministro de Defensa y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE.

La función de la comisión será evaluar caso por caso y recomendar la posible escogencia de jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que estén privados de la libertad y que puedan ser designados como voceros. La última palabra, sin embargo, la tendrá el presidente de la República, Gustavo Petro.

Igualmente, expresa el decreto, la comisión se reunirá de manera ordinaria, por lo menos una vez trimestralmente. En palabras del ministro de justicia, Néstor Osuna, su función será tener recomendaciones ya concretas para que el presidente Gustavo Petro decida.

“Haremos los lineamientos para enviarle al presidente las recomendaciones ya concretas sobre quienes podrían ser designados voceros o promotores y quienes no. Es una atribución exclusiva del presidente, quien decide”, expresó Osuna.

Osuna explicó que la Comisión establecerá las recomendaciones al presidente para que las personas beneficiadas con esta salida de las cárceles tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias.

Preguntado sobre si Sergio Andrés Pastor González, alias 19, quien el pasado 2 de noviembre fue condenado a 14 años y 7 meses de prisión por tortura y concierto para delinquir en el marco del paro nacional, podría ser reconocido como vocero, Osuna respondió que por estar condenado, alias 19 “probablemente no pueda cumplir con esas tareas”.

El ministro expresó que la liberación de los jóvenes que participaron en las protestas tiene un propósito de reconciliación.

“Buen parte de esta apuesta consiste en que la ira, esa violencia callejera que tuvimos también baje su temperatura y podamos todos los colombianos hablar un lenguaje de reconciliación, de fraternidad, de reencuentro. Ese es el propósito”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que la medida no afecta el curso de los procesos judiciales, y que después de cumplir con la vocería regresarán a cumplir sus procesos./Colprensa