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A la cárcel policía samario que pedía dinero a bandidos para no capturarlos: Fiscalía
Campo Segundo Escobar Jiménez, el uniformado natural de Santa Marta, adscritos a la estación de Policía de Soacha fue imputado por los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo, y enviado a un centro carcelario.
El director de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, confirmó que en una operación coordinada con el Gaula de la Policía lograron identificar y judicializar a tres uniformados – uno de ellos samario – que, presuntamente, serían responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos.
Los capturados son los patrulleros Campo Segundo Escobar Jiménez, natural de Santa Marta, Jesús Yoleanis Parra Carrillo, e Iván Dario Mejía Díaz, adscritos a la estación de Policía de Soacha (Cundinamarca), quienes habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde se cree, capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos, según el ente acusador.
La investigación permitió conocer que los tres funcionarios aprovechaban las horas de la noche para realizar las actividades ilícitas. De la misma manera, se logró determinar que los uniformados contaban con la ayuda de personas que adicionalmente apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización.
De acuerdo con las denuncias, los tres procesados en este caso estarían involucrados en, por lo menos, ocho eventos durante los cuales se habrían apropiado de cerca de 50 millones de pesos.
EL CASO MÁS RECIENTE
El suceso más reciente se registró el pasado 11 de mayo cuando fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. En la investigación, «se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas», agregó la Fiscalía.
Por último, una fiscal seccional imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo y un juez con función de control de garantías los envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en contra de estos.
