HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Acción Popular para rescatar al Centro Histórico de la ´desidia´

La zona necesita la atención urgente en temas relacionados con el alcantarillado, organización del espacio público, estados de vías, y seguridad, entre otros. El mecanismo admitido por un juez es una acción popular. 

La actual situación del Centro Histórico de Santa Marta es, sin duda, una de las mayores preocupaciones del sector privado, el samario de a pie y los turistas, quienes pasmados siguen viendo que el porcentaje de inseguridad, el aumento desmesurado de la mendicidad infantil y la prostitución, así como el deterioro de la infraestructura de calles, adoquines, plazas y andenes, se apoderan de uno de los principales hitos del turismo local.

La indiferencia y desidia con la que el Gobierno de Virna Jhonson mira la situación no se compadece con el desarrollo comercial, urbanístico y turístico que tiene la zona que es hoy la vitrina para vender a la ciudad.

El desgobierno de la administración local frente al Centro Histórico es de tal magnitud, que sus actores: residentes, comercio, hoteles y sector privado en general, debieron acudir a la vía judicial para buscar que el Distrito atienda sus responsabilidades, por cuanto el actual Gobierno se ha desatendido por completo de sus obligaciones.

Si bien la delimitación geográfica entre la calle 10 y la 22, entre carrera primera y la Avenida del Ferrocarril, es competencia del Ministerio de Cultura, un grupo de ciudadanos presentaron una acción popular para que por vía jurídica la Alcaldía Distrital tome las medidas necesarias para contrarrestar las problemáticas que hoy aquejan a este sector del Distrito.

El juez Kevin José Gómez Camargo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta fue asignado para darle curso a este proceso del cual toda la ciudadanía se encuentra expectante, en especial los empresarios y habitantes del área afectada, toda vez que ven en este mecanismo constitucional la forma en que las autoridades locales comiencen a darle solución a las problemáticas.

“El Centro Histórico en el corazón de la ciudad y necesita del concurso y la unión de todos para lograr su recuperación y preservar en buen estado un lugar que guarda en sus calles parte de la historia de Santa Marta. Confiamos que la justicia va a salvaguardar los intereses y derechos de todas las personas que habitamos aquí y que pronto va a darse un fallo que exija a la alcaldesa Virna Johnson, cumplir su deber administrativo y constitucional de darle solución a los múltiples problemas que son muestra de desidia y abandono”, aseguró Eduardo Jaramillo, edil de la Localidad 2.

Según el accionante, en la actualidad está vigente con carácter de obligatoriedad, un Plan Especial de Manejo y Protección (PEP) del perímetro en mención, adoptado mediante la Resolución 1800 de 2005 de MinCultura, y en el marco de la ejecución del citado PEP, este estaría abandonado a su suerte por una omisión de los últimos alcaldes de la ciudad, ya que se realizaron importantes inversiones en la infraestructura y se inició una estrategia de recuperación, renovación y conservación del Centro pero ha sido un esfuerzo echado en saco roto.

“Dicha estrategia se interrumpió desde el 2012 con el gobierno de la época y no ha continuado desde entonces. A todas luces es un hecho notorio que el Centro Histórico se encuentra en proceso de continuo y grave deterioro de su mobiliario, a la fecha no existen acciones directas por parte de la Alcaldía, para conjurar tal realidad y garantizar el derecho colectivo al goce del espacio público que todos tenemos”, agregó Jaramillo.

En las pretensiones la demanda busca concretamente que, de forma prioritaria, se destinen recursos para el mantenimiento y recuperación de la infraestructura deteriorada, se tomen las medidas respectivas para evitar su deterioro futuro a partir de la adopción de un plan permanente de conservación financiado por el Distrito, que deberá estar sujeto a la verificación del juez del caso.

De acuerdo con los tiempos que establece la ley, antes de que termine el 2022 se ha de conocer la decisión que tome la justicia con relación a esta acción popular de cumplimiento a fin que se cree la hoja de ruta para las soluciones que piden a gritos toda la ciudad.

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