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CREG niega reducir tarifas de energía para Santa Marta
Se había pedido que los actuales usuarios no deban responder por las pérdidas y robos de energía. Se anuncian otras acciones legales.
POR: GENNYS ÁLVAREZ NAVARRO
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) respondió a una solicitud hecha por la Personería distrital de Santa Marta, en la que exponía el actual régimen tarifario autorizado para las empresas que operan el servicio eléctrico en la ciudad. El ministerio público presentó un mecanismo legal conocido como ‘Agotamiento del Requisito Previo Establecido’, enmarcado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dicha solicitud concretamente pedía el “cese de la violación al derecho colectivo de acceso al servicio público de energía eléctrica”. En la exposición de motivos, el documento presentaba un escenario donde queda en evidencia que el descontrolado cobro está ajustado a actos administrativos que, de manera solemne, la CREG firmó sin una aparente consideración de los samarios y usuarios en general. Las resoluciones fueron firmadas en 2020 y 2021 que a la postrimería afectan radicalmente el bolsillo de las familias.
“Al respecto, los elevados precios están relacionados con las decisiones de la CREG, que, a través de las resoluciones 010 del 30 de enero 2020, y 24 y 78 de 2021, autorizó a las empresas, realizar un cobro retroactivo por pérdida o robo de energía en el Caribe. Por tal razón, Air-e ha manifestado que sus actuaciones en el cobro de tarifas se encuentran enmarcados bajo el principio de legalidad”, expuso en su momento el personero Edwar Orozco Oñate.
Ante este requerimiento, la CREG fue enfática en alegar que el régimen transitorio especial tiene una vigencia de cinco años, por tanto, no sería posible cambiar las condiciones o lineamientos definidos en dichas normas. “Para modificar una metodología tarifaria, de acuerdo con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1078 de 2015, se requiere un proceso de consulta de mínimo un año después de la publicación de las bases tarifarias”, responde la Comisión.
Para reafirmar su argumento, la CREG ahondó en su explicación señalando que, “a partir del sexto año de vigencia de la resolución de carácter particular que apruebe cargos con base en el régimen transitorio especial, se aplicarán los índices eficientes de pérdidas técnicas y no técnicas que correspondan a cada uno de los prestadores que atiendan el mercado atendido por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P a la fecha de expedición de la Ley 1955 de 2019, de acuerdo con la Resolución 015 de 2018 o aquella que se encuentre vigente para tal momento”.
Orozco deja por sentado que la capital del Magdalena para el mes de agosto, por ejemplo, tuvo unas variaciones por encima del promedio nacional en lo que respecta al cobro de este servicio público, con un aumento del 49%, ocasionando una crisis en los hogares samarios que deben buscar alternativas para provocar una disminución a los encarecidos recibos.
“Es perentorio señalar que si Air-e sigue cobrando la energía bajo el método y sistema establecido por la CREG, no se podrá garantizar a los usuarios el acceso al servicio público en condiciones de eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad, porque el aumento de la tarifa está agraviando la sostenibilidad económica de los usuarios, lo cual llevaría a que en cualquier lapso no pudieran seguir sufragando el coste del mismo”, puntualizó el jefe distrital del Ministerio Público.
Ante esta negativa, el personero anunció que en conjunto con sus homólogos de las otras ciudades de la Región Caribe prepara una demanda de acción popular para que derogar las disposiciones administrativas que hoy afectan el bolsillo de los 328 mil usuarios de Air-e en Santa Marta y el Magdalena.
Por su parte, para los gremios de la ciudad, la promesa de diminución de 5,6% sobre el valor del kilovatio anunciados por la esta compañía, no responde a todos los perjuicios que se han creado por las desmesuradas facturas.