Juez prohíbe el cierre definitivo del puesto de salud de San Jorge

Luego de dos meses de haber sido radicada una tutela para evitar que el centro asistencial fuera clausurado por la ESE Alejandro Próspero Reverend, un fallo de segunda instancia obliga a que no se deje de atender a las 2.800 personas que residen en la zona.   

Las pretensiones de la ESE Alejandro Próspero Reverend, de cerrar definitivamente el puesto de salud del barrio San Jorge, han sido contenidas por un nuevo fallo judicial que favorece a la comunidad la cual, amparada en los derechos fundamentales de la salud, la vida y la seguridad social, peleó para que las más de 2.800 personas que residen en el sector no se vieran perjudicadas por la decisión inconsulta de la entidad, hoy intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

La lucha se dio en el Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad del Circuito Judicial de Santa Marta, despacho que el pasado 13 de septiembre tomó una medida de primera instancia, y esta iba en camino de garantizar la atención médica de los reclamantes.

No obstante, la ESE distrital, obstinada en su parecer, impugnó la orden del juez alegando falta de seguridad para los funcionarios y las instalaciones, ante los hurtos que en repetidas ocasiones habían reportado. A su vez, señaló falta de compensación económica por la atención prestada.

“No se trasladó el puesto de salud, como lo afirma el demandante, sino que se tomó la decisión de cerrarlo, como quiera la ESE subsiste de la venta de servicios y no mantiene un punto de equilibrio con dicho puesto de salud, tampoco recibe dineros del ente central, de igual manera no recibe aportes económicos de la Supersalud, como erróneamente se cree debido a la intervención”, dicen los alegatos de la Empresa Social del Estado.

Otra de las consideraciones expuestas como soporte del cierre, era la proximidad a centros asistenciales como en Bastidas y Almendros, y Clínica La Castellana en Pescaíto, lo que para el despacho mismo no fue una causal aceptable, toda vez que “es de total conocimiento para la ciudadanía, que los habitantes de San Jorge son personas, en su mayoría, que carecen de recursos como para colocarles una carga económica para trasladarse a distintos barrios de la ciudad para que sean atendidos en otros puestos de salud”.

Siendo así, el juzgado en segunda instancia confirma que sí hubo una vulneración a los derechos invocados, por lo cual la ESE Alejandro Próspero Reverend deberá retomar los servicios de Promoción y Prevención (PYP), así como retornar los utensilios médicos y de oficinas que fueron trasladados de manera clandestina en la tarde del 19 de agosto.

“Es obligación de la ESE garantizar la prestación, continuidad e integralidad, de los servicios de salud a todas las personas de una manera oportuna, eficaz y con calidad para lograr el disfrute más alto posible de bienestar físico y mental, siempre bajo condiciones de dignidad humana; y sin imponer barreras administrativas que impidan, suspendan o interrumpan los servicios de salud”, concluye las consideraciones de la respuesta a la tutela.

LA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD  

Wuadit Rangel Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal, señaló que la comunidad se estaba viendo afectada por esta inestabilidad asistencial. “Ellos dicen que nunca han dejado desamparado a San Jorge y que estamos siendo atendidos por Bastidas. Entonces, nosotros nos preguntamos con indignación ¿Será que ellos no saben la distancia que hay entre un barrio y otro?

Bien saben ellos que quienes ocupan el puesto de salud son madres lactantes, embarazadas y adultos mayores. Además, teniendo en cuenta, que por aquí no pasa una ruta de transporte público colectivo que los lleve hasta allá”, señaló.

Rangel ponderó que el togado haya tenido en cuenta la queja de los usuarios y haya “garantizando el derecho a la salud y a la vida”.