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Firmado acuerdo para el traslado de 50 procesados
El acuerdo interadministrativo para la descongestión de los Centro de Detención Transitorio del distrito estaba pendiente de ser firmado por la alcaldía y el Inpec, desde el mes de julio. En la actualidad la Rodrigo de Bastidas tiene un hacinamiento del 235%.
Este compromiso hace parte de las conclusiones del reciente Consejo Extraordinario de Seguridad, donde también salió a relucir la situación migratoria de los que son conducidos a la URI de la Fiscalía.
Al término del Consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, la alcaldesa Virna Johnson Salcedo anunció que uno de los puntos analizados ante la cúpula de la fuerza pública y otras instituciones del Estado, fue la actual situación carcelaria de algunos procesados que están actualmente recluidos en las estaciones de Policía del distrito.
La mandataria informó que ya avanza el trámite para empezar los traslados hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas, lugar que está bajo la competencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). En este sitio el hacinamiento alcanza el 235%, lo que quiere decir que hay aproximadamente 758 internos, incluyendo 60 mujeres y 7 hospitalizados.
´El Inpec recibirá a 50 procesados que hacen parte del convenio interadministrativo con la Alcaldía, y además nos entregará un listado de los imputados de alta peligrosidad que cuentan con el beneficio de detención domiciliaria para hacer una revisión de sus condiciones», señaló Johnson.
El reclusorio distrital es un establecimiento que está construido para albergar a 321 internos. La crisis carcelaria no se escapan los Centros de Detención Transitoria (CDT), que comprenden las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), edificios a cargo de las administraciones municipales y la Fiscalía.
Por ejemplo, la Estación Norte, los CAI de El Rodadero, Taganga y Buritaca, registran una aglomeración del 590%, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. En estas locaciones se encuentran delincuentes capturados por diferentes delitos y no han sido enviados al penal por el atiborramiento que presenta.
MIGRANTES INFRACTORES
La mandataria de los samarios expuso que junto con la Fiscalía y la Dirección Nacional de Migración, solicitó la instalación de un punto permanente en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el que se pueda establecer la identificación plena de los extranjeros que delinquen en la ciudad.
La puesta en funcionamiento de este monitoreo será clave para que las autoridades de Policía Judicial puedan individualizar aquellos extranjeros que están cometiendo ilícitos que perjudican la tranquilidad de los samarios, como hurtos, expendio de estupefacientes y homicidios.
De igual forma, la administración, como segunda medida presentó en la reunión la creación de los frentes de seguridad en concertación con los líderes barriales y presidentes de Juntas de Acción Comunal, entre ellos el de la urbanización Tamacá.
Asimismo, ha habido un acercamiento con el gremio de motociclistas para trabajar en el proyecto ‘gestores de convivencia ciudadana’, pues, este grupo es pieza clave para las autoridades en el contexto de la estructuración de acciones contra la delincuencia en Santa Marta.
FALLAS EN EL SISTEMA JUDICIAL
La alcaldesa Johnson Salcedo, recientemente solicitó al Ministerio de Justicia que analice la situación de los jueces, dado que, las recientes decisiones en las audiencias preparatorias, han provocado la libertad de varias personas sindicadas por delitos como homicidios y hurtos.
Las autoridades locales detallan que entre julio y agosto fueron capturadas 161 personas en flagrancia y 20 por orden judicial, para un total de 181; de los cuales 94 fueron cobijados con detención domiciliaria y 36 salieron en libertad. Esto en porcentaje muestra que, apenas el 28% de los sindicados son enviados a un centro carcelario
“Estoy preocupada porque precisamente lo que necesitamos es que las acciones que despliega la Policía para capturar a los delincuentes sean respaldadas por los jueces. El ideal es que los que atemorizan a la ciudad queden tras las rejas. Hemos tenido reiteradas noticias que a personas capturadas luego les dan casa por cárcel o simplemente por vencimiento de términos quedan libres”, indicó la primera mandataria de los samarios.
