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Supersalud insiste en cerrar puesto de Salud de San Jorge
El barrio San Jorge tiene 2.800 habitantes que piden a gritos que el centro asistencial no sea removido, dado que las distancias con los lugares a los que quieren ser enviados por la ESE, es bastante amplia.
La Superintendencia Nacional de Salud que maneja la Empresa Social del Estado impugnó el fallo del Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad del Circuito, que obligaba a que la entidad suspendiera la clausura definitiva del centro asistencial, que perjudica a más de 2.800 personas.
La ESE Alejandro Próspero Revenrend impugnó el fallo del Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad del Circuito Judicial de Santa Marta, el cual le ordenó a la entidad abstenerse de realizar el cierre temporal o definitivo del puesto de salud del barrio San Jorge. El despacho exhortó a la Superintendencia de Salud en primera instancia, a que, en calidad de apoderada de la Empresa Social del Estado, garantizara el servicio médico a más de 2.800 personas residentes en el sector.
La providencia del pasado 15 de septiembre determinó que, durante el proceso, según, el ente de salud no mostró haber realizado un estudio del impacto que generaría la clausura del centro asistencial, teniendo en cuenta que son personas de muy escaso recursos, por ser así, la togada evidenció vacíos procesales.
Por otro lado, la juez del caso fue enfática en expresar que, por la misma carestía económica de la comunidad, no se puede proponer que se trasladen a zonas más lejanas de su área de convivencia, en vez de ser atendidos en el puesto de salud ya existente.
No obstante, estos argumentos fueron controvertidos por la gerencia interventora de la ESE quien sigue sosteniendo que no hay garantías de seguridad ni para los funcionarios, ni mucho menos las instalaciones que han sido víctimas de hurtos en repetidas ocasiones.
“Se viene atendiendo a la comunidad de San Jorge en el Centro de Salud de Bastidas, Centro de Salud de Almendros y Clínica la Castellana, con horarios más extensivos que el de un Puesto de Salud y con servicios de mediana complejidad en algunas especialidades que no se prestan en un Puesto de Salud (Medicina Interna, Pediatría, Gineco – Obstetricia). Estas Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) de la ESE se encuentran en la misma área de influencia del barrio San Jorge”, reza la parte de las consideraciones dadas por Alejandro Próspero.
Sin embargo, las pretensiones para continuar con el cierre del consultorio en mención van más allá, aseguran que este “no cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar una prestación de servicios digna a nuestros usuarios y hace inviable la habilitación para el desarrollo del servicio. Por consiguiente, como ya se advirtió se tomó la decisión de prestar los servicios a esta comunidad desde instituciones de mayor complejidad que están presentes en el área de influencia”.
Según la empresa, si se considera que la ciudad de Santa Marta tiene aproximadamente 500 mil habitantes, por cada 2.800 personas, como es el caso de San Jorge, “nos tocaría tener 200 puestos de salud o más. Esta situación seria inverosímil para la sostenibilidad financiera, puesto que esta las Empresas Sociales del Estado no reciben dineros públicos, sino que vivimos de la venta de servicios y de la autosostenibilidad”.
LA INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD
Aunque la ESE Alejandro Próspero confirmó que la prestación del servicio de salud se sigue prestando sin ningún traumatismo, la comunidad explica que son los más afectados ante esta inestabilidad asistencial. Esperan que el juez de segunda instancia, quien tendrá que dirimir la impugnación, tenga en cuenta los efectos que se están provocando.
“Ellos dicen que nunca han dejado desamparado a San Jorge y que estamos siendo atendidos por Bastidas. Entonces, nosotros nos preguntamos con indignación ¿Será que ellos no saben la distancia que hay entre un barrio y otro? Sabiendo bien que quienes ocupan el puesto de salud son madres lactantes, embarazadas y adultos mayores. Teniendo en cuenta, que por aquí no pasa una ruta de transporte público colectivo que los lleve hasta allá”, señaló Wuadit Rangel Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal.
Rangel agregó que no hay ante todo lo expuesto en la tutela y en la consiguiente impugnación, el superior jerárquico del Juzgado Quinto Civil debe propender a la confirmación del fallo de primera instancia, “garantizando el derecho a la salud y a la vida”.
El líder social condenó el silencio de concejales y ediles en este caso, así como el de la Secretaría de Salud. Esperan un pronunciamiento oportuno del administrador de justicia para que por fin termine la pesadilla que rodea al puesto de salud.
