Expediente contra Benedetti desata pelea entre magistrados

El actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti venía siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por varios delitos. 

Armando Benedetti ya tenía cuatro investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia antes de convertirse en el embajador de Colombia en Venezuela. Su expediente desató una pelea en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.

La primera en levantar la voz fue la magistrada Cristina Lombana, encargada del caso por presunto enriquecimiento ilícito, porque mientras atravesaba un percance personal y se resolvía una recusación en su contra para saber si se apartaba del caso, su compañero de sala, el magistrado César Augusto Reyes, pasó el expediente a la Fiscalía General de la Nación el pasado 8 de septiembre.

La razón fue que al Benedetti posesionarse como embajador, la Corte perdió total competencia. La Fiscalía ya respondió y coincide con que la Sala Especial ya no es competente para continuar con la investigación y designó al fiscal Gabriel Jaimes en el caso Benedetti.

Sin embargo, la togada Lombana le entregó el pasado 14 de septiembre una carta al fiscal Francisco Barbosa donde contradice a los magistrados porque, según ella, los procesos contra el nuevo embajador se abrieron durante su periodo legislativo, por lo tanto, alega que el expediente debe volver a la Sala Especial de Instrucción.

“Los delitos por los cuales se procede en contra del exsenador Benedetti Villaneda, tienen relación con sus funciones como congresista, toda vez que se habrían consumado durante el ejercicio de su cargo, y por haber instrumentalizado para ello a una de las colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, conforme lo revela la prueba recaudada hasta el momento”, dice la carta.

En el comunicado, la magistrada expone trece razones más para que el expediente de Benedetti regrese a la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Lombana da cuenta de la falta de facultades del magistrado Reyes para adelantar el proceso de traslado del expediente a la Fiscalía, puesto que “el magistrado apenas tenía asignado el proyecto de decisión de la recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente, ya que esa calidad no me había sido despojada, al no haber resuelto el incidente”.

A Benedetti se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.

Además, el nuevo embajador en Venezuela estaría vinculado por interés indebido de contratos y tráfico de influencias en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) uno de los casos de posible corrupción que se presentó en el gobierno de Juan Manuel Santos, lapso en el que el hoy embajador era congresista de la bancada de gobierno.

Precisamente, ayer se conoció un documento donde se registra una queja interpuesta por el magistrado Reyes que no tuvo vida jurídica y dejo en el limbo un preacuerdo firmado entre la Corte y el exsenador Musa Besaile, involucrado en el mismo caso de Fonade.

Benedetti también aparece en una pesquisa por posibles interceptaciones de comunicaciones y fue mencionado en una denuncia por el caso de Centros Poblados contra un grupo de congresistas.

Entonces, según la magistrada, siendo la ponente del expediente desde 2020, le correspondía la decisión de un traslado, y concluyó que “no fue la Sala de Instrucción ni la suscrita, como magistrada ponente, las que adoptaron el decaimiento de la competencia”.

Si bien el exsenador ha recusado en repetidas ocasiones contra la magistrada Lombana y la ha llamado “enemiga política”, ella sigue siendo la encargada del caso e insiste en que el proceso debe quedar en sus manos y no en las de Barbosa.

“Considero mi deber como magistrada ponente del asunto, hasta tanto no se resuelva lo contrario, solicitar que el despacho a su digno cargo devuelva las diligencias a la sala de origen, a fin de resolver el incidente de recusación propuesto por la defensa del exsenador, o en su defecto, declararse incompetente para conocer el caso y remitir las diligencias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que sea esta quien defina quién debe continuar con la investigación”, expresó en su carta.