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Trabajo comunitario como pena alternativa a la cárcel

   El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso este lunes, penas alternativas al encarcelamiento y medidas restaurativas ante la crisis penitenciaria y carcelaria del país.  

«Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al instalar el foro ‘Perspectivas sobre la Crisis Penitenciaria y Carcelaria: Retos y Soluciones’, adelantado en asocio con la Universidad Externado de Colombia.

En este sentido Camargo explicó que un ejemplo de su propuesta pueden ser las penas relacionadas con trabajo comunitario. “Que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas, es también virar el rumbo hacia una justicia más útil y provechosa tanto para el infractor como para la sociedad misma», dijo el defensor del Pueblo.

Por otro lado, el defensor del Pueblo explicó que la crisis de hacinamiento de las cárceles, que para agosto de 2022 llegó al 177% en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación de 14.176 personas; y del 20% en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, con una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad, se ha pretendido solucionar con la construcción de nuevos centros penitenciarios pero estos antes de su terminación, se quedan cortos ante la demanda generada por nuevas condenas.

Por esto propone una nueva concepción de las penas que vaya de la mano de oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad, la atención a la población pospenada para asegurar su resocialización de evitar la reincidencia, y la aplicación de medidas con contenido restaurativo que faciliten la reconstrucción de los lazos rotos a causa del delito.

Bajo este nuevo panorama, Carlos Camargo insistió además en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización, con condiciones de alimentación, salud, prevención y seguridad adecuadas, dotados con servicios públicos y que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.

«Estamos ante una tarea titánica que nos pone frente a una gran oportunidad de encontrar nuevos caminos que permitan obtener diferentes y mejores resultados, soluciones definitivas que nos permitan afirmar que los derechos humanos son de y para todos», concluyó el Defensor del Pueblo. /Colprensa