HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Asistencialismo estatal en pensiones

Otro de los importantes retos que enfrenta el llamado asistencialismo social del nuevo gobierno, dentro de sus políticas públicas de aliviar la pobreza y la indigencia, es paliar el envejecimiento poblacional, concurriendo con la sociedad y la familia a la asistencia de las personas de la tercera edad, ciudadanos que tienen más de 60 años.  Las cifras de la mayoridad poblacional en Colombia deben ser preocupantes para todos: Según datos de la Organización Mundial de la Salud-OMS., el envejecimiento poblacional pasó de 8.48% en el año 2.018 a 9.39% en 2.021, lo que nos indica que ya somos más de siete millones de adultos mayores en Colombia. De ellos, el 40%, más de dos millones de adultos no recibe pensión ni servicios asistenciales, muchos deambulan en la mendicidad y el desamparo por nuestras calles.

De lo visto, y especialmente desde la vigencia de la Ley de Seguridad Social Integral en 1.994, más ha sido mucha tinta -leyes y más leyes- pero pocas acciones, que traducido al dicharachero popular significa mucho ruido y pocas nueces.  Desde propuestas de financiación con “estampillas para el bienestar del adulto mayor”, Fondos de Solidaridad Pensional, Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, hasta distinciones como ser considerado “Colombiano de Oro”, han sido intentos estatales que no funcionan, su financiación ha sido presa de la corrupción, o que maltratan de verdad la dignidad humana. A pesar de que son catalogadas como poblaciones altamente vulnerables, sujetos de protección especial del Estado, las personas de la tercera edad en Colombia en condiciones de pobreza o indigencia sólo reciben limosnas y son víctimas de la desprotección del Estado y la sociedad.  Sus mayores quejas son el abandono, la desprotección en salud, el maltrato familiar y la falta de centros de atención.

A pesar de que muchos instrumentos internacionales -Convenios, Recomendaciones, Principios Internacionales, Cartas- dan cuenta del deber de protección especial que el Estado debe a ciertas poblaciones como las mujeres, los niños y adolescentes, los discapacitados, no existe en el mismo sentido un  instrumento internacional en específico que se refiera a la obligación estatal de brindar a los adultos mayores protección y condiciones preferentes, en alimentación, vivienda digna, atención en salud, etc.  Y dentro de estos derechos de protección,  se vuelve cada vez más exigente en  la problemática de la seguridad social integral, la adición y vigencia constitucional del principio fundamental  a la pensión mínima vital y móvil para el adulto mayor  en situación de pobreza o indigencia y conformantes de los estratos 1 y 2.   Muchos colombianos adultos mayores carentes de ingresos económicos que han cotizado a la seguridad social menos de diez años deben ser beneficiarios de una pensión asistencial en proporción a las semanas cotizadas. Y en términos más amplios y para combatir la exclusión, debe proponerse igualmente que todo adulto en Colombia mayor de 70 años, aún sin haber aportado a la seguridad social, debe recibir una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual, con sus correspondientes servicios de salud como cualquier otro pensionado.

Con una expectativa de vida de 75 años, el esfuerzo financiero del Estado cubriría potencialmente sus cinco años probables de vida, sin derecho a sustituirla a los parientes con posibilidades económicas.  Las anteriores reformas deben estar acompañadas de otras que parecen violatorias de derechos adquiridos pero que estimulan el derecho a la inclusión  como la nivelación de la edad pensional entre hombres y mujeres, borrar los privilegios prestacionales en algunos sectores,  bajar el tope máximo de las pensiones en el régimen de prima media y establecer un régimen de sanciones a las personas que abandonen o desatiendan a sus parientes adultos mayores cercanos, creando el delito de insolidaridad familiar, con fuertes sanciones pecuniarias por esta aberrante práctica.  La reforma estructural anunciada por el gobierno en materia laboral y pensional no podrá olvidar que la población de personas mayores de sesenta años en Colombia es mayor que la de los niños entre 0 y 5 años, y que el envejecimiento es un proceso natural que no permite al ser humano darse sus propias posibilidades, muchas veces por la marginación y la opresión de que son sujetos.

*Abogado Laboralista*Especialista en Seguridad Social. *Profesor Universitario. *Escritor. 

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