HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Rescatar la credibilidad en la justicia

En una sociedad dividida por sus intereses y altamente conflictiva, la justicia y la administración de justicia, cumplen en Colombia el más importante papel para lograr la paz total planteada por el gobierno que comienza, pues de ella dependen no sólo esa convivencia pacífica, sino especialmente la protección de los derechos de los asociados y el cumplimiento del pacto social que contiene nuestro ordenamiento jurídico.  Podemos afirmar que sin justicia no hay orden social, no hay garantía de derechos fundamentales, no existen posibilidades de desarrollo.  Es una función pública esencial que corresponde al Estado, por manera que es tema de primer orden en el cúmulo de reformas que se plantearán al Congreso por el nuevo gobierno.  Como derecho y garantía constitucionales, la administración de justicia se erige como elemento básico para resolver los conflictos, dirimir las controversias que se le planteen y dar a cada uno lo suyo.

Pese a ello, es un tema nada fácil de abordar por cualquier gobierno.  En el discurso de posesión ayer, el señor presidente ha advertido que también habrá un profundo respeto por la Ley, en la que debe incluirse la transformación de la administración de justicia en Colombia, que comprenda aspectos como su modernización tecnológica, el libre acceso de los ciudadanos a este servicio público, la corrupción dentro de su actividad que afecta los resultados de los procesos  y la independencia financiera e institucional de la rama judicial frente a las otras dos, dentro de un ambiente de colaboración armónica para la realización de sus fines, como lo señala la Ley de Leyes. Y en este sentido, el nombramiento del abogado externadista doctor Néstor Osuna como nuevo ministro de justicia, quien ha estado vinculado a ella como magistrado, es una muestra clara que la dirección trazada se hará viable dentro del actual gobierno. Esperamos que el nuevo estatuto de administración de justicia abarque, por lo menos, la mitigación de estos inconvenientes que afronta el Estado, y corresponda a las expectativas y desafíos exigidos por la época.

Desde la anterior perspectiva, la crisis en que se encuentra hoy la administración de justicia, parte de las mismas razones que la sociedad colombiana y los expertos, han venido debatiendo desde cuando se expidiera su desueto estatuto de la administración de justicia, en 1.996.   Desde entonces los problemas han venido en aumento, y los remiendos y soluciones intentadas, sólo han sido paños refrescantes de la mencionada crisis, causada por conocidos fenómenos, tales como la falta absoluta de políticas institucionales, sistemáticas, integrales, que resuelvan los agudos problemas que impiden su eficiencia, como la congestión judicial, los altos índices de impunidad, la ampliación de la cobertura en atención a los usuarios, directamente relacionados con el número de jueces existentes, muy por debajo de los estándares internacionales, en relación con la población atendida; la carencia de recursos financieros que faciliten la eficiencia en la prestación del servicio, la creciente politización del aparato judicial, la corrupción enquistada en todos los niveles de funcionarios, jueces y magistrados que salpica a la mayoría honestos y virtuosos, la demora en la atención y solución de los procesos judiciales.

Imposible ocultar que los problemas anteriores han generado en la ciudadanía un alto grado de desconfianza en la justicia, con una imagen desfavorable superior al 80%, que conspiran contra la solución de cerca de dos millones de procesos que se atienden en el país por los jueces, y especialmente contra el principio de seguridad jurídica, básico en la estabilidad de la democracia y del Estado de Derecho. En este nuevo modelo de recuperación de la eficiencia y la confianza del ciudadano en la justicia, queremos ver algo con lo que se debe iniciar el proceso de cambio institucional de la justicia: una profunda mutación en los modelos de selección, vinculación, evaluación y remuneración en todo los niveles de funcionarios, jueces y magistrados;  un mejoramiento sustancial de los paradigmas de atención y eficiencia, en la tramitación y resolución de los procesos;  un nuevo esquema de facilitación del libre acceso del ciudadano común a la administración de justicia; erradicación de la corrupción y la política en la Justicia,  elementos que se le perdieron en el tiempo a este humilde columnista, en más de años ininterrumpidos de ejercicio profesional del Derecho.

*Abogado litigante.*Profesor universitario.*Escritor. 

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