HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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La estirpe legalista de nuestro orden jurídico

Comienza, con la posesión en las próximas horas del recientemente elegido Congreso de la República, lo que podría denominarse la “construcción del nuevo orden jurídico” que servirá de marco para el ejercicio del nuevo gobierno, a partir de una Constitución Política que se expidió hace algo más de una treintena de años, pero que todavía no terminamos de descubrir.  La tarea legislativa que debe emprender el Congreso, dentro de sus competencias, será una labor ardua e intensa, en cuanto se da en circunstancias especiales, inéditas en nuestra vida republicana, como que se trata del primer gobierno de izquierda a partir de la independencia. La variedad de ideologías, de creencias e intereses de todo tipo, exigen al gobernante apelar con inteligencia al consenso productivo y a la concertación con todos los actores en juego.

Y decimos que asoma un nuevo ordenamiento jurídico por cuanto el presidente electo,  se ha comprometido a partir de su campaña, a plantear y defender ante el Congreso una serie de propuestas y reformas legislativas, especialmente  desde lo tributario,  de la transformación en lo agrario, de reforma política, implementación definitiva de la paz, de cambios en la  seguridad social, en las relaciones internacionales, en la educación y la cultura, leyes que deben contener un espíritu y un valor jurídico, capaces de vencer la polarización, los sectarismos de izquierda y de derecha y paliar las profundas dificultades en lo económico y en lo social que vive desde hace muchos años, una buena parte de nuestra sociedad.

Pero aún pensando que las leyes que se tramiten y expidan a partir del 20 de julio serán leyes justas y que ellas sirvan para resolver los difíciles problemas que afronta la sociedad actual, debemos preguntarnos ¿cuál debe ser el talante que deben tener esas leyes para garantizar un orden justo y la efectividad de los derechos y las libertades de las personas?  Los miedos no nos pueden hacer olvidar que, tanto en la Constitución anterior como en la actual de 1.991,   el constituyente primario, es decir el pueblo, nos ha impuesto una fuerza vinculante entre la Ley y sus destinatarios indirectos, quienes estamos obligados a acatarla, lo que se denomina por los iuspositivistas el imperio de la Ley. Que ese espíritu de la Ley de que nos hablara Montesquieu corresponda mínimamente a unos derechos innegociables, tales como la igualdad de todos ante la Ley, la libertad como expresión absoluta del ser humano, el bienestar al mayor número de personas, la división e independencia de los poderes, entre otros, que conforman el tríptico: derechos naturales-dignidad y derechos humanos, derecho positivo y Estado Social de Derecho. Sólo así habremos cambiado.

Sabemos además que las leyes a dictarse por el Congreso formarán parte de nuestro ordenamiento jurídico y que ellas deben ser expedidas ajustándose a los requisitos y exigencias de una ley previa. Que su valor soberano, su interpretación y aplicación dependen igualmente de unos seres humanos a quienes están directamente destinadas, encargados de amparar derechos individuales y colectivos y destacar el valor supremo de la justicia.  En este exclusivo trabajo, las normas superiores exigen a los jueces, tribunales, funcionarios administrativos, en últimas, someterse al imperio de la Ley de que hablamos, imponiendo deberes y confiriendo derechos.

La estirpe legalista de nuestro orden jurídico otorga a la Ley como funciones esenciales ordenar, prohibir, facultar, permitir, castigar, si las normas son válidas y tienen pertenencia. Nos aprestamos a experimentar o asimilar entonces este orden jurídico nuevo proveniente de las manos del entrante gobierno, seguramente con un trabajo jurídico y económico creativo en los temas prenombrados, o derogatorio de muchas leyes ineficaces o en desuso, para enfrentar las enormes dificultades y retos de la época, como lo ha planteado en su campaña el presidente electo Gustavo Petro.  El desafío jurídico y económico consiste en que el nuevo sistema jurídico    que nos regirá en los próximos cuatro años, dentro del respeto al Estado Social de Derecho, garantice a todos los colombianos, una mejor convivencia, protección y buen trato de las autoridades y un efectivo compromiso de bienestar y progreso.   Si todo ello es así, será bienvenido el nuevo orden jurídico. *Abogado Laboralista*Profesor universitario*Escritor

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