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Una remuneración de $ 31,3 millones ganarán los congresistas que se eligen este domingo, amén de otras dádivas, como tiquetes en primera clase para regresar semanalmente a sus regiones. Pero este sueldo no es solamente para los 268 privilegiados congresistas (102 Senadores y 166 Representantes) que componen el parlamento colombiano, sino para todo el andamiaje de funcionarios que según la Constitución y la ley deben ganar lo mismo que gana un congresista, es decir, magistrados de Altas Cortes, Procurador, Contralor y Fiscal General, y además, cobija a todos los funcionarios de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría que les corresponde ejercer su función ante una Alta Corte y según la norma, ganan lo mismo que devenga el funcionario ante el cual actúan.
Pero además, el andamiaje del Estado se mueve con fundamento en esto, pues los del nivel siguiente, magistrados de Tribunal y procuradores y fiscales que actúan ante ellos, deben ganar en porcentaje por lo menos del 90 por ciento de sus superiores y así va descendiendo hacia otros niveles. El impacto por tanto, del “mega” salario de los congresistas es para toda la rama judicial y los organismos de control y por tanto para toda la cuenta del Estado. Está bien que los altos funcionarios devenguen buenos sueldos, si el Estado no está en déficit fiscal y la brecha con otros trabajos no es tan notoria.
El país económico permanentemente le echa cuentas al sistema pensional, como si fuera el único causante de todos los descalabros y llevó al punto a la opinión pública, de ambientar la muy criticada sentencia de la Corte Constitucional, que redujo las pensiones, violando el principio de los derechos adquiridos que consagra la misma Constitución.
Ya viene siendo hora que revisen los megos sueldos y el impacto que tienen para la cuenta del Estado colombiano, con la seguridad, que es muy superior al que ocasionaban unas pensiones también mayores, pero adquiridas conforme a la ley vigente en su momento. No sabemos cómo se pudo argumentar la sostenibilidad del sistema para ordenar por sentencia una rebaja a las pensiones y no mirar el sueldo que se está percibiendo que es mucho mayor y por lo tanto impacta de superior manera las cuentas del Estado.
El gran nivel de desprestigio que cubre al Congreso hace que incremento anual al que tienen derecho los parlamentarios, no sea de buen recibo por la opinión pública. Muchos de los que van a reelegir este domingo se han opuesto en las oportunidades que se han presentado para reducir o congelar el salario de los congresistas. Siempre naufragan las iniciativas, pues convierten en causa común mantener su privilegio, en un país donde el salario mínimo supera levemente los setecientos mil pesos. Un sistema que permite a los congresistas perpetuarse en su cargo. Que mar de contradicciones.
*ExMagistrado