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Declaran nula prima de antigüedad para empleados públicos en Córdoba

Los empleados del departamento de Córdoba que venían gozando de una prima salarial, perderán dicho beneficio, como resultado de la declaratoria de nulidad de una norma (ordenanza) que data del año 1986.

El Consejo de Estado declaró nula dicha norma, por considerar que esta era contraria a la actual Constitución Política, puesto que había sido dictada conforme a la Constitución de 1986, y desconocía que el régimen salarial y prestacional de los trabajadores estatales debe ser fijado por el legislador o por el Gobierno Nacional.

El Consejo de Estado tomó esta decisión respaldada en una determinación del Tribunal Administrativo de Córdoba, que había declarado previamente la nulidad de la norma de 1986. En esa ocasión el Tribunal argumentó que al momento de ser emitida, estaba en vigencia una reforma a la Constitución de 1986, que se produjo en 1968, entregándole al Congreso la facultad de establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

El Consejo de Estado estableció que esta decisión debe tener efectos retroactivos, es decir hacia el pasado, y que no hay lugar a alegar los derechos adquiridos en favor de los beneficiarios del pago de la prima, debido a que esta fue expedida con violación de la Constitución. Por lo tanto, el pago a los empleados que vienen disfrutando del beneficio se debe suspender y este no puede ser reconocido a favor de quienes lo estaban reclamando.

Sin embargo, la corporación aclaró que esta determinación no implica que se deban devolver las sumas ya pagadas por la administración departamental.

Finalmente, el Consejo de Estado sostuvo que las normas municipales y departamentales posteriores a la reforma constitucional de 1968 que crearon factores salariales a favor de empleados públicos son inconstitucionales. Precisó que esos organismos no tenían competencia, habida cuenta de que la reforma le confirió al Congreso el poder de establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores estatales.

Aclaró que, si bien es cierto que, originalmente, la Constitución de 1886 permitía que estas entidades establecieran mandatos como el cuestionado, la reforma de 1968 eliminó dicha potestad, confiriéndosela exclusivamente al Congreso.

/Colprensa

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