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Los últimos días de la campaña se vieron ampliamente agitados por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que falló a favor de una tutela en la que se les exigía a los candidatos presidenciales del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, organizar un debate de opinión, a más tardar, el 16 de junio.
Toda una novela causaron los candidatos presidenciales frente a la realización del encuentro, que al final no se pudo concretar por falta de concertación. La controversia comenzó con la decisión del Tribunal.
“Obsérvese que la ley les obliga a mantener el acceso a los medios de comunicación, lo que de contera implica que la negativa a debatir constituye una afrenta al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político”, expresó el fallo del Tribunal.
Además, el ente judicial decidió: “Se concederá el amparo constitucional solicitado, y se ordenará a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez y Gustavo Petro Urrego, que realicen un debate presidencial, en la forma y términos indicados, en todo caso atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral”.
El Tribunal expresó que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación se debía solicitar y programar el debate, dicho tiempo se venció este jueves 16 de junio a las 6:00 de la tarde.
Después de la decisión judicial, el candidato Petro aceptó de forma rotunda: «La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”.
Además, para comenzar con la gestión, la campaña del Pacto le envió un documento al Sistema de Medios Públicos RTVC, colectividad de medios encargada de organizar el debate, en el cual expresaron estar a disposición de cualquier acto o hecho para la logística del encuentro entre los candidatos.
Por su parte, la campaña de la Liga pidió aclaración del fallo al Tribunal: “Aceptar sin la debida aclaración esta decisión judicial, implicaría que en adelante todas las decisiones judiciales de tutela que favorezcan a una persona deben ser soportadas, acatadas, cumplidas por un indeterminado número de ciudadanos que no la comparten y que no fueron convocados y vencidos en el respectivo juicio en cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso”.
El candidato Hernández además había reiterado: “Forzar a que los candidatos se pongan de acuerdo en temas políticos es lo más parecido a una dictadura que no estoy dispuesto a aceptar, aun a costa de mi propia libertad”.
Después de no haber recibido comunicación a su petición, Hernández hizo público un documento dirigido a Petro, en el que aceptaba hacer el debate bajo estrictas condiciones.
Entre los planteamientos de Hernández estuvo discutir temas como la campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, violación de los topes de gastos, fuentes de financiación oscuras de la campaña, entre otros.
El candidato también había manifestado que no daría dinero para financiar el encuentro e insistió que debía ser moderado por las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica De La Peña junto a otros tres periodistas.
“Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados”, expresó Hernández en la misiva.
Como una respuesta casi inmediata, Petro le contestó a Hernández que no le importaba las condiciones que impusiera y que las aceptaría completas. Pasados los minutos, Petro hizo pública una carta en la que manifestó que a la prensa no se le debían hacer imposiciones.
“Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”, afirmó Petro.
Y reiteró: “Su desprecio a las más mínimas normas democráticas es total y revelador. Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador”.
A pesar de que ambas candidaturas aceptaran, cerca del mediodía RTVC informó que las campañas no habían hecho llegar el documento con las reglas y acuerdos concertados por ambas partes, necesario para la misma logística del debate.
Frente a la misiva, el jefe de debate del Pacto, Alfonso Prada, le envió una carta al asesor político de la Liga, Óscar Hernández, en donde le expresó que se dirigiría a RTVC al mediodía para que se reunieran y concertaran los acuerdos. Finalmente, a dicho encuentro no asistió ningún miembro de la campaña de Hernández de forma presencial ni virtual.
“Hemos estado prestos a hacerlo desde antes que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo, confrontar las tesis de cada una de las campañas”, aseguró Prada desde RTVC.
Durante el día no hubo más comunicación de la campaña de Hernández hasta que pasadas las 6:00 de la tarde, hora en la que se vencía el plazo judicial, el exalcalde hizo una declaración en vivo desde sus redes sociales, en donde aseguró que él intentó darle cumplimiento al fallo, pero que Petro no estuvo presto.
“Al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado que debería ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resulta por el despacho. Entendí la afirmación “nos vemos en Bucaramanga” como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir”, expresó Hernández.
El candidato de la Liga reiteró: “Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar fecha, hora, lugar, ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, además se expresarle al Tribunal que estaba en sus manos decidir quien había desacatado el fallo.
Y fue así como no se logró la realización del debate, encuentro tan solicitado por los colombianos y del cual se quería escuchar las propuestas de los dos aspirantes, entre quienes se definirá la Presidencia de Colombia de los años (2022-2026) el próximo domingo 19 de junio.
/Colprensa