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“Hambre y Guerra” es el legado que el presidente, Iván Duque, deja en materia de derechos humanos, según un informe de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
La reactivación de la guerra es uno de los puntos principales que toca este informe, según las ONG, causada por el no cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con el Acuerdo de Paz para poner fin a la violencia. Es decir, puntos como desmontar el paramilitarismo, reformar los organismos de seguridad y dar garantías al libre ejercicio y la no represión violenta de la protesta social.
Esto se ve reflejado, según el informe, en una preocupante crisis humanitaria. De 116 líderes sociales asesinados en 2016 se pasó a 171 en 2021, y en lo corrido del año, la situación se agravó con 81 nuevos líderes asesinados. Al hablar de masacres, se pasan de nueve en 2016 a 33 en 2020 y de acuerdo con Naciones Unidas, en 2021 se habían verificado 78 masacres y otras estaban en proceso de verificación.
Frente al número de homicidios el informe dice que se pasó de 12.298 homicidios en el 2017 a 14.159 en el año 2021 “un incremento de más de 1.800 homicidios en estos cinco años, con lo que el gobierno ha profundizado el hambre, la guerra, la desigualdad y las violaciones a los Derechos Humanos”, dice el informe.
Con relación al desplazamiento, el informe dice que estos pasaron de 10.943 víctimas en 2016 a 73.974 en 2021. Datos con los que Colombia se ubicó como el tercer país con más desplazados en el mundo, después de Siria y la República Democrática del Congo.
El informe también habla del asesinato sistemático de excombatientes de las Farc. En los cinco primeros meses del 2022 fueron asesinados 21 excombatientes en estado de indefensión, lo que refleja una cifra de 320 asesinatos en total desde la firma del Acuerdo de Paz.
Por otra parte, según el informe, el reclutamiento forzado aumentó de manera alarmante puesto que se registraron 242 hechos de vinculación de menores de edad con grupos armados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022.
/Colprensa