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Por prevaricadores serán investigados 3 magistrados
El presidente Iván Duque denunció por prevaricato a los tres magistrados que tomaron la insólita decisión contraria a la Constitución.
Ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la Presidencia de la República presentó una queja disciplinaria en contra de los tres magistrados de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, quienes ordenaron al presidente Iván Duque arresto domiciliario y una multa de 15 salarios mínimos, por un supuesto incumplimiento en la protección del Parque Nacional Los Nevados.
La queja, pretende sancionar a los magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía del Tribunal Superior de Ibagué, «por incurrir en falta gravísima establecida en el artículo 53 numeral 2 de la Ley 1259 de 2019».
En ese sentido, el presidente Duque, señaló que -cómo lo había indicado- «cuando hay prevaricato se tiene que denunciar; cuando se rompe un fuero, se tiene que denunciar», confirmando que la queja ya fue radicada.
Entre las pruebas presentadas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, está el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, el fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la decisión del incidente de desacato proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué.
En el documento, que ya está en manos de la Comisión, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pide que, en caso que así lo requieran los disciplinados, los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, rindan versión libre con la intención de conocer por qué no respetaron el fuero Constitucional que tiene el Presidente de la República.
Ahora será la máxima autoridad del sistema disciplinario de la Rama Judicial la que decida si procede o no la queja presentada.
En el documento, los representantes del Duque han afirmado que los magistrados han incurrido en una falta disciplinaria «gravísima», al no contar con las competencias necesarias para emitir la orden de prisión domiciliaria, por lo que ha solicitado una sanción disciplinaria.
«En el caso del presidente de la República y al contener éste un aspecto de sustrato penal, por la limitación a la libertad, debe y tiene que ser ordenado únicamente por quien la Constitución ha designado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes», se destaca en uno de los epígrafes de la queja.
El fallo considera que el Gobierno no ha cumplido con la creación de una Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en el Parque Nacional de Los Nevados, y por tanto lo declara en desacato.
El Tribunal Superior de Ibagué ha remitido ya su decisión a la Sala Laboral del Supremo para su revisión, donde podría ser rechazada la tutela. No obstante, será el Tribunal Constitucional el que dé la última palabra, por lo que es poco probable que el mandatario tenga que cumplir la orden de arresto.
