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Lo ocurrido en la Robb Elementary School , de Uvalde -Texas-, cuando, tras dispararle a su propia abuela, un hombre de 18 años asesinó cobardemente a diecinueve niños y a dos maestras -el esposo de una de ellas murió horas después, dada la conmoción que le causó el crimen-, es algo muy conmovedor, triste e impactante, que debe hacer pensar a gobernantes, legisladores, medios de comunicación, instituciones educativas, lo mismo que a padres de familia y a la sociedad entera, no solamente en ese país, sino en muchos otros, incluida Colombia.
Se trata del más mortífero tiroteo en un centro educativo, desde el ocurrido en 2012, cuando otro sujeto mató a veinte menores y a seis adultos en la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut. Y es una más de tantas masacres que, con creciente frecuencia, se cometen en parecidas circunstancias, en territorio estadounidense.
El primer asunto que se debe abordar es el relativo a la libre adquisición y posesión de armas de fuego.
“¿Por qué estamos dispuestos a vivir esta carnicería?”, se preguntó con razón el presidente norteamericano Joe Biden durante su alocución, tras la masacre. Y agregó, tocando el punto central: “¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas? Tenemos que dejarles claro a todos los legisladores de este país: es hora de actuar” (…). “A aquellos que bloquean o retrasan legislaciones de sentido común sobre armas de fuego, (…) no los olvidaremos”.
El debate sobre el control de armas ha sido duro en los Estados Unidos, en especial por el interés económico de quienes se enriquecen con la fabricación, distribución y venta de ellas y, desde el punto de vista político, por la intransigente posición de la famosa Asociación Nacional del Rifle, apoyada por muchos.
Desde el punto de vista jurídico, los gobiernos se ven limitados por una norma constitucional que ha sido interpretada de manera literal y extrema, sin atender a las circunstancias históricas en medio de las cuales se dictó, ni a la evolución de los acontecimientos desde septiembre de 1789 -cuando se propuso- hasta hoy, con problemas muy diferentes. Se trata de la Segunda Enmienda de la Constitución, a cuyo tenor «el derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido».
En el caso colombiano, la regla vigente -que algunos quieren modificar y que se autorice la venta indiscriminada de armas de fuego a cualquier civil y su libre posesión y porte, sin control- es la del artículo 223 de la Constitución: “Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”. Un permiso que debe ser excepcional, controlado y sustentado. La apertura en esta materia es muy peligrosa porque estimula la justicia por mano propia, el sicariato, el terrorismo, además de hechos tan dolorosos como los que hoy lamenta Estados Unidos.
Claro está. La aludida no es la única causa de estos horrendos casos. Habrá que establecer en qué medida inciden el estado psicológico, la inmadurez, los problemas y antecedentes familiares, el entorno social, la droga, el influjo de películas y medios electrónicos de diversión, y hasta la falta de oficio.
*Exmagistrado