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Candidatos presidenciales comparten caída de reforma
Pese a que no es fácil encontrar coincidencias en este momento de la campaña entre los candidatos presidenciales, la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma a la ley de garantías, parece que les identificó.
El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, desde Villavicencio en donde se encuentra de correría, sostuvo que “las reformas que se tengan que hacer, se tienen que discutir con tiempo y entendiendo que se tienen que hacer no en el marco de las discusiones electorales futuras sino como transformaciones reales y de cambios que necesite el sistema pero que tengan su discusión”.
Para Gutiérrez, es urgente revisar el tema para evitar un traumatismo mayor en el funcionamiento del Estado, porque con el fallo de la corte se pueden parar procesos importantes que estén en curso en las ciudades y las regiones.
Por su parte el candidato Gustavo Petro, señaló que “se deshace la compra de alcaldes y gobernadores. Duque fue un abusivo al acabar la Ley de Garantías. La Corte Constitucional la reestablece. Me propongo implementar el derecho de prioridad para los municipios en el presupuesto nacional”.
Según el aspirante del Pacto Histórico, el derecho de prioridad permitirá a cada municipio lograr la financiación de un proyecto hasta por 5.000 millones de pesos cada año. “El presidente quedará obligado a presentar los proyectos en la ley del presupuesto nacional. Los proyectos de inversión girarán sobre educación, salud, agua potable, distritos de riego y energías limpias”, explicó.
Por su parte el candidato Sergio Fajardo, desde Fusagasugá, Cundinamarca, en donde se encuentra de gira, declaró que “el presidente Iván Duque, con su formación de abogado, sabía que esto iba a ocurrir. Y aún así, decidió seguir adelante. Igual lo hizo el Congreso. Todos sabían y no les importó. A estas alturas, el daño está hecho”.
Muerte anunciada
La Procuraduría, en un concepto que hizo llegar hace algunas semanas a la Corte, pidió declarar la inexequibilidad de lo modificado en la Ley de Garantías.
La jefe del Ministerio Público dijo a la Corte “que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.
Señaló que en la Sentencia C-515 de 2004, la Corte determinó que “en Colombia las leyes de presupuesto no pueden contener normas de carácter estatutario así estas tengan alguna incidencia fiscal”.
Agregó Cabello que ello porque no solo el proceso de formación de las leyes de presupuesto es muy diferente al de las leyes estatutarias, sino que los plazos fijados por la Constitución para la expedición de la ley anual impiden la operación de los controles interorgánicos.
De igual forma, contra los cambios que promovió el Gobierno en la Ley de Garantías Electorales se presentó más de una veintena de demandas, algunas radicadas por congresistas como el representante José Daniel López, quien dijo que “el presidente Duque le dio vía libre a modificar la Ley, esto es un golpe para la democracia y un espaldarazo a las maquinarias».
En tanto que el senador Roy Barreras mencionó que la demanda de inconstitucionalidad “impedirá que eliminen la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos”.
Las otras demandas fueron de los representantes Katherine Miranda y Fabián Díaz Plata.
El principal argumento de la mayoría de demandas contra esta reforma es que la Ley de Garantías, por ser estatutaria, se puede modificar solamente con otra del mismo tipo; pero en el caso del Presupuesto General de la Nación es orgánica.
De igual forma, se aduce que no hay unidad de materia, en el sentido de que una reforma que tiene que ver con lo electoral no tiene por qué estar en el Presupuesto General de la Nación.
Dado los estragos que causó la pandemia en la economía colombiana, especialmente en lo regional, la administración Duque decidió impulsar suspender la parte de la Ley de Garantías que tiene que ver con la prohibición de celebrar convenios interadministrativos, ello con el fin de no frenar la reactivación en la producción y el consumo que se está dando en el país.
