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La Fiscalía presentó escrito de acusación contra el excongresista Edwin Gilberto Ballesteros, por presuntas irregularidades que se presentaron en cuatro contratos mientras estuvo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre noviembre de 2013 y enero de 2016.
De acuerdo con la investigación Ballesteros presuntamente hizo parte de un acuerdo ilícito en el que se comprometió la contratación de la Gobernación de Santander y de la empresa de servicios públicos para que esta quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio del pago de dádivas.
Por estos hechos, según la Fiscalía, Ballesteros estaría inmerso en al menos 12 conductas ilegales distintas relacionadas con los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Los contratos por los que fue acusado Ballesteros son:
1. Contrato 157 del 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos, en Sucre (Santander). Aquí se contempló un monto de hasta 1.188 millones de pesos.
En este contrato la Fiscalía logró determinar que se declaró la situación de calamidad pública y, mediante la figura de urgencia manifiesta, se realizó un proceso de contratación directa para, supuestamente, favorecer a una unión temporal en especial, que no cumplía los requisitos de ley.
Adicionalmente la Fiscalía estableció que este contrato estaba rotulado como una consultoría; sin embargo, incluyó la ejecución de obras, es decir, una tipología contractual distinta que merecía otro tratamiento. De igual manera, hay evidencia de posibles anomalías como sobrecostos y permitir que la unión temporal seleccionada se apropiara de más de 205 millones de pesos.
2. Contrato de obra 068 del 23 de febrero del 2015, que contempló obras relacionadas con la planta compacta para potabilización de agua en Enciso (Santander), por un valor superior a los 470 millones de pesos.
En este proceso, según la Fiscalía, el oferente escogido fue el mismo del contrato anterior. Asimismo, se identificaron falencias en los estudios previos y ajustes arbitrarios en los pliegos para beneficiar al contratista, que no contaba con la experiencia requerida.
La Fiscalía también detectó una apropiación a favor de terceros por más de 157 millones y el pago de una comisión a cambio superior a los 75 millones.
3. Contrato 287 del 4 de diciembre de 2015, para la construcción del acueducto regional del río Quirata, en Landázuri (Santander). El valor superó los 4.340 millones de pesos.
El material de prueba, según la Fiscalía, indica que antes de abrirse la licitación, el contrato ya estaría comprometido. Es así como los pliegos, al parecer, se ajustaron a la medida del aspirante, se encontraron fallas en los estudios y diseños, ausencia de permisos y gestión en la obtención de los predios para avanzar en la obra, y se habría permitido que el contratista se apropiara de casi 1.000 millones de pesos.
La investigación da cuenta además que la adjudicación del contrato estuvo mediada por el pago de cien millones los cuales, presuntamente, fueron entregados al entonces director de la ESANT.
4. Intención de contratar los acueductos de Barichara y Chipatá (Santander). El señor Ballesteros Archila, supuestamente, recibió 600 millones de pesos por parte del interesado en este proyecto, que no se suscribió ante la salida del hoy procesado de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
/Colprensa