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En centros carcelarios deben valorar la salud mental de los internos: Corte

La Corte Constitucional sentenció que cuando una persona cumple su condena en un centro carcelario pero le sobreviene un enfermedad mental, debe ser valorado por el Instituto de Medicina Legal para determinar si debe someterse a un tratamiento siquiátrico en libertad condicional o permanecer en detención hospitalaria.

El alto tribunal se pronunció sobre dos tutelas presentadas por dos personas privadas de la libertad recluidas en las cárceles de Jamundí (Valle del Cauca) y Cómbita (Boyacá) quienes sufrían depresión recurrente y trastorno de ansiedad por una parte, y esquizofrenia paranoide con alucinaciones auditivas, por la otra.

Para la Sala de Revisión de Tutelas hubo una violación del derecho a la salud de los dos internos, por parte de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

En uno de los casos, según la alta corte, existen evidencias que la salud mental del interno puede estar gravemente comprometida por la omisión de esas dos entidades, que “deben hacerse cargo de garantizarla, puesto que no fue valorado por el especialista en siquiatría como lo ordenaron los médicos tratantes, cuando el interno sufría de un cuadro de depresión de tal gravedad que existía alto riesgo de suicidio y su estado de salud no era compatible con el encarcelamiento intramural formal”, menciona la corte.

Además, dijo la alta corte que el Inpec violó su derecho a la unidad familiar por haber ordenado su traslado a la cárcel de Pasto a la de Jamundí, sin tener en cuenta sus condiciones familiares e ignorar los efectos sicoemocionales que puede traer para sus condiciones de salud mental.

En el segundo caso, no se cumplió con la orden de remisión del interno a un centro de atención siquiatrico, pese a que su salud se deterioraba y no era compatible con la vida de reclusión.

“La Corte considera que, por ningún motivo, se podía desistir de la orden de remisión a un centro especializado así sea que la IPS a cargo de la atención del paciente no contara con las condiciones de seguridad necesarias para atender la grave situación de salud que padecía”, puntualizó la sentencia.

En el fallo le dio cinco días a la Uspec para que la persona recluida en la cárcel de Jamundí sea valorada por un médico especializado en siquiatría y el Inpec tendrá dos días para determinar si debe ser trasladado, por razones de salud, a un centro hospitalario o a un establecimiento de reclusión para inimputables. El Inpec además, deberá valorar sus condiciones familiares y las alternativas para mantenerlo cerca de su arraigo familiar.

Para el segundo caso, el fallo indica que el Inpec y la Uspec tienen 48 horas para que soliciten a Medicina Legal la valoración siquiátrica del interno para determinar si su trastorno mental le impide permanecer en un centro carcelario. Una vez emitido el dictamen, el juez del caso tendrá que determinar si le da traslado a un establecimiento de inimputables para que reciba el tratamiento correspondiente.

/Colprensa

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