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Como se recordará, la Sociedad Hidroituango, de la cual es socia EPM junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), suscribió con EPM un contrato para la construcción y puesta en operación de la mayor hidroeléctrica del país. Y, a su vez, EPM contrató con dicho consorcio la ejecución del proyecto. Hacemos esta introducción para que tengamos el contexto de este nuevo pulso entre ellos, y entender mejor el embrollo que se ha armado.
Huelga decir que el proyecto Hidroituango es un proyecto de interés estratégico para el país, dado que el mismo atenderá el 17% de la demanda de energía a nivel nacional y su atraso, además de presionar al alza los precios y la tarifa del servicio, pone en riesgo su confiabilidad y firmeza.
Pues bien, el pasado 2 de febrero, en el curso de una rueda de prensa, el Gerente de EPM Jorge Carrillo anunció, en compañía del Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, que “la primera unidad generadora de energía del proyecto hidroeléctrico Ituango – Hidroituango – estará en servicio el próximo 26 de julio de 2022, de acuerdo con el cronograma técnico que se tiene establecido”.
Ahora resulta que, nada menos que el Consorcio constructor de la obra CCC acaba de poner en tela de juicio dicho anuncio. En comunicación fechada el 21 de febrero firmada por su Director General Braulio Saraiva, dirigida al Vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM William Giraldo Jiménez, advierten que “teniendo en cuenta los cronogramas que son analizados conjuntamente en los comités de programación a los que somos invitados y en los cuales se presentan las actividades de otros contratistas y su interrelación con las actividades que desarrolla el consorcio, encontramos que dichos cronogramas no se ajustan en su terminación para la fecha anunciada”.
El Consorcio CCC va mucho más lejos en su pronunciamiento al dejar en claro que “según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de estos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022. De este modo, resaltamos que las actividades que viene desarrollando el Consorcio están enfocadas a lograr esta meta” y no la del 26 de julio.
La respuesta de parte de EPM no se hizo esperar. A través de un Comunicado de prensa el ingeniero William Giraldo informó que están “haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante la obra”. No obstante, termina poniéndose la venda antes de la herida, curándose en salud, haciendo la salvedad que “los cronogramas en una megaobra (…) tienen nivel de incertidumbre”. Por su parte el Gerente de EPM, al terciar en la discrepancia entre unos y otros, espetó que “queremos tener un contratista cuyo cronograma se pueda forzar” (¡!).
Semejante dislate le sirvió de pretexto para tratar de justificar su empecinamiento en el cambio de contratista y de paso anunciar la apertura de la licitación para que sea otro contratista el que dizque ejecute la “segunda etapa” del proyecto, pese a las advertencias de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de los 7 decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el propio Informe de Pöyry, pues ello implicaría un retraso adicional de la entrada en operación del proyecto de mínimo un año.
El dictamen pericial de Pöyry es enfático al referirse a los “cinco puntos críticos” detectados en su estudio, que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación”. Luego, cualquier dilación aumenta el riesgo de la materialización de este indeseable “escenario catastrófico”. Y no se puede acelerar en neutro, aún menos con el freno de mano puesto.
El equipo técnico de la ANLA se limitó en su recorrido en la colosal obra de ingeniería que a verificar lo reportado en el Informe de la Pöyry y pare de contar. La ANLA, al final de su visita, se limitó a decir que “continuará con el análisis del documento”, refiriéndose al Informe de Pöyry y recordó que “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”. Y no es para menos, pues en derecho las cosas se deshacen como se hacen, sólo mediante otra Resolución la ANLA podrá derogar la Resolución 820 y de contera su medida preventiva.
A propósito de la salida en falso del Gerente de EPM, cuando manifestó su preferencia por contratistas “cuyo cronograma se pueda forzar”, bueno es conocer el concepto autorizado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, Germán Pardo. En su concepto, “están colocando fechas de inauguración de la primera generación. Realmente, eso me parece a mí que no es bueno para el proyecto, porque es una presión indebida sobre la ingeniería. El tema del cronograma deber ir ajustándose en la medida en que el mismo proyecto, con las obras que se están haciendo, nos lo permita. No podemos prever ahora que una primera unidad podría estar en junio o podría estar en julio”.
A EPM queremos recordarle que el apresuramiento no es buen consejero. Como le dijo Napoleón Bonaparte a su ayudante, en medio de su afán y sus afugias: “vísteme despacio que tengo prisa”.
*Exministro de Estado