Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
El procesado había participado en la retención de 23 personas en diferentes fechas, bajo la modalidad de falso servicio para luego exigirle a sus familiares sumas entre $30 y $50 millones por su liberación.
Medida de aseguramiento en centro carcelario ordenó un juez contra Alejandro Fidel Meza García, alias ‘Covid’, señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial ‘Renacer II’, dedicado a realizar secuestros y extorsiones de diferentes gremios del país.
Durante la diligencia judicial desarrollada en las últimas horas, la Fiscalía le imputó cargos por secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, hurto calificado y agravado, uso de menores de edad en la comisión de delitos. Seguidamente, el fiscal en turno expuso el material probatorio del acusado, por lo que el corregidor tomó la determinación de ordenar el veredicto intramuros, debido a que consideró que el mencionado representa un peligro para la sociedad.
Recordemos que la captura del hoy procesado estuvo a cargo de unidades del Gaula de la Policía y Gaula militar, quienes lograron ubicarlo en una vivienda situada en el barrio Bonda del municipio de Pivijay para notificarle la orden judicial en su contra.
El Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Renacer II”, al parecer dirigido por ‘Covid’, tenía su accionar delincuencial en el departamento del Magdalena, especialmente en los municipios de Fundación, Aracataca, Pivijay y sus corregimientos; dicha estructura estaba integrada por hombres y mujeres de amplia trayectoria criminal, encargados de las actividades ilícitas concernientes a secuestros extorsivos, cobros de extorsiones, hurtos, entre otros delitos, mediante la modalidad carcelaria y el modus operandi de falso servicio.
El hoy privados de la libertad, habría participado en la retención de 23 personas en diferentes fechas, en donde por medio de un aparente requerimiento para la prestación de un servicio, conducía a sus víctimas a sectores rurales del municipio de Fundación, para luego someterlos, amarrarlos y enviar fotografías a sus familiares y/o empleadores exigiendo sumas entre los 30 y 50 millones de pesos para su liberación, aseguraron las autoridades de la Policía departamental.