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Riesgo en Santa Marta por eventual fraude electoral
La Fiscalía General de la Nación presentó el mapa de riesgo electoral para este 2022, donde explicó que 258 municipios en el país tienen un alto riesgo de presentar delitos por corrupción electoral, 526 tienen riesgo medio y 338 riesgo bajo.
El fiscal general Francisco Barbosa reveló durante el lanzamiento de una directriz para combatir los delitos electorales, que 526 poblaciones (equivalente al 47% del total de 1.103 municipios con los que cuenta el país), se encuentran en un riesgo medio de corrupción electoral. Además, que los municipios con un riesgo alto de sufrir delitos durante los comicios alcanzan los 258.
Entre las ciudades capitales con ese riesgo se encuentra la ciudad de Santa Marta.
Lo anterior significa que el 71% de las poblaciones en todo el territorio nacional presentan un riesgo medio o alto de ser víctimas de corrupción durante las elecciones.
De acuerdo con el fiscal Barbosa, el listado fue construido teniendo en cuenta varios parámetros como las denuncias de delitos contra la administración pública, presencia de grupos armados, cultivos ilícitos así como violencia contra líderes sociales.
“Todos esos factores que tomamos tienen relación directa con la situación de orden público, la violencia y las denuncias que se han venido presentando al sistema Unidad de Recepción Inmediata” señaló el fiscal.
Por territorios, el jefe del ente investigador reveló que el departamento de Antioquia según los análisis de la entidad es el territorio con mayor riesgo de corrupción electoral en las próximas elecciones con 38 municipios en ese preocupante listado, seguido por el Cauca con 32 poblaciones con elevadas alertas.
En relación con los municipios y ciudades la Fiscalía señaló que Buenaventura es la población con el riesgo más alto en toda Colombia de presentar delitos electorales en los próximos comicios seguido por Turbo en Antioquia. Dentro del listado también se encuentra Santa Marta en el séptimo lugar y Medellín ocupa la posición número doce.
JUDICIALIZARLOS
Con la expedición de la Directiva 0002, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.
“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el fiscal al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
Según Barbosa, los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.
Para este propósito, se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; se articularán los esfuerzos de la delegada contra la Criminalidad Organizada y la delegada para la Seguridad Territorial; así como de la delegada contra las Finanzas Criminales. Esta última a efectos de detectar financiación ilícita de campañas o alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.
De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba.
Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.
El personal encargado de recibir las denuncias será capacitado sobre las conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana. Se garantizará una correcta selección de los hechos que se pongan en conocimiento a través de los canales ordinarios de atención.
Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito. /Colprensa
