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El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó una directiva en la que se presentaron los nuevos lineamientos al momento de contratar servicios con el Estado, esto en vista del reciente escándalo del exasesor Andrés Mayorquín y su esposa Karen Vaquiro.
En primer lugar, antes de acordar un contrato los funcionarios del Gobierno deberán verificar si el contratista tiene relación con otros funcionarios del Estado y si tiene contactos con cualquier otra entidad, esto deberá verificarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco).
“Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”, expresa el documento.
El Gobierno también le reiteró la obligación a la entidades nacionales y territoriales de verificar en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (Sigep) que la información y requerimientos de cada contratista estén diligenciados como lo establece la norma actual vigente.
De igual forma tiene que ocurrir en la página del Secop en la cual debe estar suministrada toda la información relacionada con la contratación y los términos en los que se realicen con los recursos públicos.
“Las entidades estatales -incluidas las que se rigen por el derecho privado en materia contractual, al ser sujetos obligados a garantizar el derecho de acceso a la información y a los documentos públicos, de acuerdo con la normatividad vigente, deben publicar en el Secop los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, relacionados con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”, expresa el documento.
Entre las nuevas medidas estará que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente le deberá enviar semestralmente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) la información que esté en la Secop relacionado con los contratos que se ejecuten en ese periodo con el fin de revisar las obligaciones parafiscales.
Se establecerá un mes para que los funcionarios del Estado reporten en el Sigep si tienen familiares en segundo grado de afinidad y consanguinidad cuando se ejecuten contratos de prestación de servicios, de igual forma esos datos deberán ser actualizados constantemente.
“Cuando la entidad identifique irregularidades en el proceso contractual, deberá reportar la información correspondiente a las autoridades competentes. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente”, expresa el documento.
/Colprensa