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El coronel en retiro del Ejército Nacional Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por su responsabilidad en los denominados ‘Falsos Positivos’ de Soacha, solicitó acogerse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Rincón Amado fue condenado por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca), ocurrida en agosto de 2008, crimen que fue declarado de lesa humanidad en sentencia que, a su vez, está siendo objeto de revisión por el Tribunal Superior de Bogotá.
La petición de libertad transitoria, condicionada y anticipada, fue negada por primera vez el pasado 14 de noviembre por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y luego, el 13 de diciembre, por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Ante esto, la defensa del oficial volvió a radicar una nueva petición de esta libertad que permite la Ley de Amnistía, contando con concepto favorable del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz desde octubre del año pasado y la Corte Suprema de Justicia acaba de determinar que, por competencia, será el Juzgado 23 de Ejecución de Penas de Bogotá el que deberá definir si da o no el beneficio al oficial.
Lo que pase con el coronel Rincón Amado será crucial en medio del debate que se ha generado sobre si los responsables de los ‘falsos positivos’ deben ser juzgados o no por la JEP, teniendo en cuenta que, en este caso en particular, el crimen fue declarado de lesa humanidad por la justicia.
Esta petición de libertad coincide con que el país empieza a conmemorar los diez años de ocurrencia del fenómeno de los ‘falsos positivos’, que no es otra cosa que el reclutamiento, desaparición, asesinato y presentación como falsos guerrilleros muertos en combate de jóvenes humildes por parte de integrantes del Ejército Nacional.
La mayoría de las desapariciones del caso Soacha se dieron entre enero y marzo de 2008 y el escándalo estalló hasta la segunda mitad del año públicamente, cuando se supo que varios de los 16 jóvenes desaparecidos en Soacha, habían sido asesinados por el Ejército y presentados como integrantes de grupos subversivos o criminales.
El coronel Rincón Amado era oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander y fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, junto con otros 20 militares.
Las víctimas fueron Julio César Mesa Vargas, de 24 años, y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, de 17 años, que desaparecieron el 26 de enero de 2008. Así como Diego Alberto Tamayo Garcerá, de 26 años, Víctor Fernando Gómez Romero, de 23; y Jáder Andrés Palacio Bustamante, que desaparecieron el 23 de agosto.
En la sentencia, la juez estableció que las víctimas Mesa Vargas y Soto Bermúdez fueron reclutados por Pedro Gámez y Alexander Carretero para recoger una plata en Ocaña, para dónde se fueron, por tierra, en enero de 2008 y en pasajes pagados. Se comprobó que llegaron el 27 a Ocaña, que fueron entregados a militares en un falso retén a unidades militares y luego presentados como muertos en combate.
Sobre el caso de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, el despacho judicial señaló que igualmente fueron reclutados para su traslado en agosto de 2008 a Ocaña, en donde permanecieron encerrados, para luego ser reportados el 25 de ese mes, como muertos en un falso combate y que su identificación sólo fue posible hasta septiembre.
“En consideración a los perfiles seleccionados por los autores de los delitos, todas y cada una de las víctimas por su procedencia humilde y por ende vulnerable, sin mayores oportunidades económicas, dieron pie a que los sujetos activos activaran un ánimo discriminatorio a ese tipo de personas con el convencimiento de que, precisamente para esas condiciones, pasarían inadvertidos”, aseguró el despacho al declarar el caso de lesa humanidad.
El coronel Rincón Amado también está condenado a más de 35 años de prisión por la ejecución extrajudicial del mototaxista Luis Antonio Sánchez, en abril de 2007. La definición de su libertad ahora queda en manos de un juez de ejecución de penas. Bogotá Colprensa.