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Claudia Esperanza Amaya Vargas, funcionaria de la Cancillería, fue imputada por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por haber participado en un detrimento patrimonial para la entidad que alcanzó los 399 millones de pesos.
Lo anterior de acuerdo con la Fiscalía, porque entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a 828 millones de pesos, para adquirir y poner en funcionamiento de un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación.
Pero la Fiscalía encontró que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que el objeto no se cumplió a cabalidad. Además no habría realizado ninguna recomendación ni observaciones que permitieran evidenciar tal incumplimiento.
La Fiscalía agregó que tiene pruebas que indican además que Claudia Esperanza Amaya Vargas posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran.
En el marco de este mismo proceso, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
/Colprensa