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El juez 53 de control de garantías de Bogotá, llevó a cabo la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados.
Tras escuchar las intervenciones de los abogados de los detenidos y de la Procuraduría, el juez determinó acoger las pretensiones de la Fiscalía y enviar a la cárcel a los tres detenidos, asegurando que efectivamente participaron en los hechos irregulares que rodean el caso.
En la diligencia, juez anunció que compulsará copias para que se investigue penalmente a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del MinTIC y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual MinTIC, “por cuanto si ellas hubieran advertido sobre las garantías bancarias falsas se hubiera evitado la adjudicación y el anticipo”.
Para sustentar la medida de aseguramiento, el juez aseguró que la Fiscalía demostró que sin las pólizas falsas nunca se hubiera adjudicado al contrato y que este mismo terminó afectando a las personas que viven en las zonas rurales que serían beneficiadas por el contrato.
Sobre la participación de Tapia en los hechos dijo que “se evidencia que el señor Tapia es quien pagaba la nómina (de Centros Poblados)… de esta manera se pudo determinar que él manejaba a su antojo la empresa Novotic y las demás que conformaban la Unión y era quien prácticamente materializaba las intervenciones”.
El juez advirtió que “Jorge Alfonso Molina siempre advirtió que la garantía era falsa, él lo advirtió a los intervinientes y que Enrique López las tuvo en cuestión de dos días. Evidentemente ni Duque, ni Laverde suben las pólizas a Secop, porque ya lo había hecho ‘Alfredito’, testigo de la Fiscalía”
Añadió que evidentemente desde el primer momento Tapia rechazó las afirmaciones que lo vinculaban con Centros Poblados y que negó su participación en los hechos, no obstante, consideró el juez que “hay un organigrama de la estructura de cómo se manejaban las situaciones”.
“La situación del señor Tapia es nefasta en este momento, él representa un peligro para la sociedad, tanto así que se perdieron 70.000 millones de pesos, es el fraude más grande que ha conocido este despacho”, sentenció.
Adicionalmente, el juez aseguró frente a Duque, que poco importa en esta instancia del proceso, si él tenía conocimiento de lo que firmaba o no y si llegó al mismo cuando ya se había conformado la adjudicación, puesto que esto será valorado por el juez de conocimiento.
El togado aseguró que no acoge la solicitud de que Tapia sea detenido en una guarnición militar, por cuanto no son es esa la función de esas instituciones y que en cualquiera que fuera el centro carcelario, a Tapia se le debe garantizar la seguridad.
COLPRENSA