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Archivan indagación contra militares por manejo de gastos reservados
La Procuraduría General de la Nación informó que archivó la indagación preliminar adelantada contra miembros del Ejército por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta “gastos reservados”, por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior.
Administración que corresponde de acuerdo al Ministerio Público al exprocurador Fernando Carrillo Flórez y al viceprocurador Juan Carlos Cortés, quienes “realizaron una deficiente actuación disciplinaria, cuya calificación (pliego de cargos) fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación”.
La Procuraduría añadió que la Sala Disciplinaria de la Entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa.
PROCESO DISCIPLINARIO
El proceso disciplinario se inició por parte de la Delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017, posteriormente, el 13 de marzo de 2018 se remitió la actuación al despacho del Procurador General de ese entonces Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general.
El 4 de mayo de 2018 el Despacho del Procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador Juan Carlos Cortés para continuar la actuación.
El 18 de agosto de 2018 el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.
Al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas. Motivo por el cual este año, la Procuraduría debió declarar el archivo del proceso.
BOGOTÁ (Colprensa).
