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La jueza 22 de Control de Garantías se declaró impedida, luego de que la Fiscalía solicitó que se prorrogue la medida de aseguramiento por un año en contra del abogado Diego Cadena en el proceso que se surte en su contra por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe.
Esta decisión la tomó luego de otorgar un receso de una hora, en la que argumentó que no puede seguir presidiendo la audiencia porque: “la Fiscalía centró su intervención el día de hoy en la dilación de términos como expresión de obstrucción a la justicia, asunto respecto del cual este juzgado se pronunció de manera puntual en la decisión del pasado 8 de junio fijando su postura”.
Es decir, cuando la jueza 22 de Control de Garantías, el pasado 8 de junio negó la libertad por vencimiento de términos al abogado, por considerar que aunque transcurrieron más de 254 días desde la presentación del escrito de acusación, la demora se debió a que el comportamiento de la defensa fue dilatorio.
En virtud de lo anterior, ordenó remitir de manera inmediata la actuación al centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, para que proceda a realizar un nuevo reparto.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
Daniel Hernández, fiscal delegado fue el encargado de argumentar la solicitud de prórroga de medida, en que hasta el momento: “la inferencia razonable de autoría no ha variado y ahora se sustenta en el grado de probabilidad de verdad, por lo que se mantiene la acusación del ente acusador”.
Agregó que la investigación está activa frente a los testimonios que confirman la teoría del caso de la Fiscalía. También dijo que el ente acusador sigue considerando que Diego Cadena puede seguir generando una obstrucción a la Justicia y un peligro para la sociedad.
Esta obstrucción a la justicia entendida desde el argumento del Fiscal, dice que se han ejecutado actos que demuestran: “que se siguen generando y manteniendo actos dilatorios”.
Esto explicado en que, según la Fiscalía, solo se hicieron observaciones sobre el material entregado tras la audiencia de acusación (29 de octubre de 2020), cuatro meses después de esta (9 de febrero de 2021).
En esta audiencia del 9 de febrero, la defensa dijo “que la Fiscalía sólo había entregado 17 gigas de 179 gigas ofrecidas, lo cual se habría podido informar de manera inmediata el año anterior”.