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El presidente Iván Duque optó, finalmente, por atender las peticiones que le elevaban desde diversos ámbitos, y solicitó al Congreso retirar el proyecto de solidaridad sostenible –realmente de reforma tributaria– con el fin de agotar previamente una serie de diálogos con sectores políticos, económicos, empresariales y sociales, y lograr así el consenso más amplio posible para la presentación de una nueva iniciativa. Se podrán hacer mayores o menores especulaciones sobre si esa decisión es una derrota política para el Gobierno y una victoria para la oposición y las fuerzas del paro nacional.
El hecho es que, en un ejercicio de realismo político y de pragmatismo, el presidente resolvió asumir el costo político e intentar una nueva vía de consenso, incluso obrando conscientemente de que también así lo van a criticar. El mismo domingo, una vez anunciado el retiro de la reforma, hubo desórdenes callejeros en varias ciudades, desmanes y vandalismo, y ayer ya había nuevas exigencias en una lista de reivindicaciones que irá creciendo sin fin. Como hemos repetido en este espacio, la gestión de los estragos de la pandemia exigió el cambio abrupto de todos los planes y presupuestos. Eso golpeó las finanzas públicas por el lado de la caída de sus ingresos y por el gasto que tuvo que incrementarse sustancialmente para atenuar el violento choque sobre los ciudadanos, empresas y sectores vulnerables.
El esfuerzo fue importante y descuadró las cuentas del Gobierno. La deuda externa aumentó, en ese propósito de ayudar a los más afectados. Pero para que la economía marche bien, es necesario que el déficit fiscal disminuya, y también la deuda del Gobierno. La forma de hacerlo es por medio de la reducción del gasto, muy inflexible por cierto, y, también, por el aumento del ingreso. Para esto necesariamente se debe hacer una reforma tributaria que lo garantice. El trámite de esta reforma podría tener dos escenarios. Unas finanzas estatales sanas facilitan la recuperación de la economía y el financiamiento del gasto social para atender a los colombianos afectados por la pandemia.
En un escenario cooperativo como este, todos los colombianos, o la mayoría, reconocemos que debemos contribuir, quienes podamos, para salir de la crisis. Hay acuerdos políticos amplios y se llega a soluciones si bien no ideales, sí aceptables en su generalidad. En el otro extremo, existe un escenario en que no se logra una nueva reforma tributaria, porque no se logran los acuerdos para ello. En un escenario no cooperativo, las finanzas públicas se deterioran, se pierde el grado de inversión y obtener recursos frescos se vuelve muy costoso. No puede hacerse gasto social. La inversión extranjera deja de llegar y la que está acá se puede perder. El peso se devalúa y las importaciones se encarecen. La pobreza, ya con cifras dramáticas, puede aumentar aún más.
El reto para todos, no solo para el gobierno, es agotar los esfuerzos para hacer posible el primer escenario. Ya hay propuestas sobre la mesa que permitirían avanzar en un acuerdo político que haga posible una reforma. Lograr el acuerdo de todos y cada uno es difícil, pero la grandeza de quienes acudan a esa cita es obtener el mejor acuerdo para conseguir la mejor reforma posible que no afecte la precaria economía de los más pobres de este país. El balón no está solo en la Casa de Nariño.
Sería inconcebible la cerrazón de líderes políticos que han exigido de todo pero a la hora de aportar ideas y cooperar al bien común, solo responden con portazos. Ya el saliente ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio un paso al costado para facilitar consensos. Es hora de que los líderes políticos muestren también de qué pasta están hechos, de mostrar sus propuestas y de decir con claridad cuáles son sus programas tributarios alternativos y deben mostrar a qué juegan.
* Internacionalista