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La Contraloría General de la República informó, mediante un acto emitido el pasado 12 de abril, que solicitó el embargo a las cuentas bancarias de los contratistas del proyecto Hidroituango, puntualmente de Integral.
En un auto enviado a GNB Sudameris, se solicita el embargo de la cuenta bancaria de Integral (empresa que definen el documento como «presunto responsable titular de la cuenta) por el presunto detrimento patrimonial de $4 billones en el caso de Hidroituango.
La solicitud fue hecha por el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República de Colombia, Juliana Velasco Gregory.
Integral fue la empresa encargada de hacer el diseño de la obra del proyecto Hidroituango.
El documento completo de la Contraloría revelado (adjunto al final de la nota) que expone que «se decretan medidas cautelares en contra de Integral S.A. dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal número ucc-prf014-2019», también habla de presuntos responsables fiscales, entre ellos, Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo, Alejandro Antonio Granda Zapata y Aníbal Gaviria Correa.
En el auto se advierte a las entidades financieras «el deber que les asiste de informar acerca del registro y aplicación de la medida cautelar decretada y de consignar los dineros retenidos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación so pena de la imposición de las sanciones legales y administrativas que correspondan derivadas de su incumplimiento».
También se ordenó «decretar el embargo de los bienes inmuebles de propiedad de Integral S.A., con NIT 890.903.055-1, en el porcentaje que le corresponda y hasta por la suma de $4,23 billones, teniendo en cuenta las disposiciones de inembargabilidad vigentes».
Desvinculación de EPM
A propósito de la información que surgió sobre el contratista de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió un comunicado para aclarar que las cuentas embargadas no son de la compañía.
«En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables», indican en el comunicado.
Y agregaron: «EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto».