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Javier Alberto Rodríguez, fiscal especializado de Bucaramanga, y Jairo Enrique Pulido, investigador del CTI, fueron enviados a la cárcel por recibir presuntamente dinero para archivar un proceso judicial.
De acuerdo con el ente acusador, estos funcionarios habrían acordado, a través de varias reuniones, ayudar a una persona vinculada a un caso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción de dominio. Esto porque presuntamente exigieron 350 millones para interceder y lograr la preclusión o archivo de la investigación.
Estos dos funcionarios fueron capturados el pasado 9 de abril, minutos después de recibir 110 millones que corresponden a un primer pago de la suma pactada y fueron imputados por el delito de concusión, pero no lo aceptaron.
Bogotá (Colprensa)