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Gobierno pide al CNE tomar medidas contras las ‘bodegas’ electorales
La vicepresidente Marta Lucía Ramírez advirtió que esa información en las redes sociales es manejada, en muchos casos por personas que invierten millones de pesos, para manipular la misma.
En el marco del lanzamiento de la Observación electoral para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de la Misión de Observación Electoral, MOE, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a la autoridad electoral, para se disponga de las normas e incluso de sanciones para controlar la publicidad política por las redes sociales.
Ramírez advirtió que esa información en las redes sociales es manejada, en muchos casos por personas que invierten millones de pesos, para manipular la misma. “Tenemos que logar la pedagogía ciudadana y sanciones si es el caso a las candidaturas que estén dedicadas a acabar con otras candidaturas, eso es lo que hacen con las bodegas algunos actores políticos en el país”.
Por su parte, el expresidente del CNE, Hernán Penagos, aseguró que ese es un propósito de la entidad y recordó además que se encuentra vigente una normatividad que prohíbe publicidad política en la época en que no haya campaña.
A su turno, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que en el proceso electoral las mayores preocupaciones se centran en tres temas.
“Sin conocerse la decisión de la Corte Constitucional sobre el Código Electoral, no se tendrán claras las reglas que regirán los comicios del próximo año. La posible utilización de recursos dispuestos para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19, con fines electorales y la creciente violencia contra líderes y lideresas políticos, sociales y comunales”, dijo.
PROYECTO UNIFICADO
Con una audiencia pública la Comisión Primera del Senado iniciará el trámite del proyecto unificado contra la corrupción, tal vez el más importante que se ha presentado por sus alcances, como lo demuestra el hecho de que 25 entidades hicieron aportes al texto bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y la Secretaria de Transparencia, con la participación entre otros del fiscal General, Francisco Barbosa, los ministerios de Justicia y del Interior; el defensor del Pueblo. Carlos Camargo; y el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.
La iniciativa fue radicada a finales de octubre pasado, siendo designado ponente para primer debate el senador Germán Varón (Cambio Radical), quien presentará el informe después de la audiencia pública de esta semana, en la cual se socializará el proyecto.
Los promotores indican que el mismo representará un verdadero estatuto anticorrupción, en el cual los tres pilares son: prevención, sanción y fortalecimiento institucional, que se desarrollan por medio de 12 capítulos y 91 artículos.
La iniciativa establece medidas de protección para los denunciantes o quejosos de hechos de corrupción ante la carencia que existe en el país sobre esta materia, lo cual según la iniciativa imposibilita que existan políticas de incentivos a la denuncia de actos de corrupción.
La protección de estos denunciantes se hará en el ámbito físico y laboral para las personas que entreguen información acerca de delitos contra la administración pública, el patrimonio económico, el medioambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y faltas o infracciones disciplinarias relacionadas con estas conductas y soborno transnacional.
PERSONA JURÍDICA
La iniciativa incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la responsabilidad penal de las empresas por hechos de corrupción que cometan sus representantes a nombre de éstas, la cual hasta el momento es solo de tipo administrativo.
El proyecto establece que la responsabilidad de la persona jurídica se activará por delitos contemplados en el Código Penal en los capítulos consagrados a delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, entre varios. /Colprensa
