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#ENVIDEO: Capturado el senador Pulgar por soborno
Le cayeron de sorpresa. No muy bien había descendido del avión que lo transportó desde Barranquilla a Bogotá, cuando efectivos del CTI comisionados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le notificaban de su orden de captura. Algunas personas que estaban cerca dijeron que el senador Eduardo Pulgar empalideció. Leyó la orden de captura y sin mediar palabra alguna dispuso que se lo llevarán
La diligencia se cumplió en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El senador Eduardo Pulgar, es investigado por posible soborno a un juez de Uscarí, Atlántico.
Cabe mencionar que, en agosto pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación y llamó a indagatoria al senador por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.
La determinación la tomó el alto tribunal por la posible oferta ilegal de prebendas a un juez denunciada por el periodista Daniel Coronell en #LosDanieles. Por tal acusación, la Sala Especial de Instrucción decretó la práctica de pruebas adicionales a las que recolectó durante la indagación previa adelantada por el magistrado instructor Marco Antonio Rueda Soto.
Durante la indagación realizada en septiembre por Rueda Soto, quien se desplazó con su equipo a Barranquilla, se recogieron múltiples pruebas, que motivaron la apertura de la investigación formal.
En este caso, la Corte Suprema asumió, el pasado 13 de julio, la investigación preliminar de los hechos que posiblemente involucran al senador Pulgar Daza. Justo un día después de que el periodista Coronell revelara en el blog ‘Los Danieles’ el video en el que aparece este congresista ofreciendo el presunto soborno al entonces juez.
El exjuez Promiscuo Municipal de Uscuarí, Andrés Rodríguez Cáez, vinculado en el proceso como víctima rindió testimonio ante la Corte y, por solicitud de la Sala Especial de Instrucción, se encuentra acogido por el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
EN LA PROCURADURÍA
En agosto mismo, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por los mismos hechos. En ese entonces, el Ministerio Público aseguró que el senador fue citado a audiencia por el presunto ofrecimiento de una coima de 200 millones de pesos al juez.
«El Ministerio Público reprochó a Pulgar Daza el que hubiera incumplido sus deberes con la defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, con lo que habría atentado contra la dignidad y majestad de la justicia y su recta administración, al realizar el supuesto ofrecimiento económico para que el juez favoreciera con una decisión a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla», señaló en su momento el documento.
La Procuraduría señaló que valores y principios como la probidad, moralidad y rectitud se vieron comprometidos en el actuar del congresista al desestimar el rol de las autoridades judiciales.
El ente de control «calificó provisionalmente la falta de Pulgar Daza, tipificada en la ley como el delito de cohecho por dar u ofrecer, como gravísima a título de dolo».
No obstante, Pulgar le dio un revés a la investigación disciplinaria al considerar que no debía ser indagado por el Ministerio Público, sino por la Comisión Ética del Congreso de la República. En este caso, la Procuraduría rechazó la pretensión del senador.
La Sala Disciplinaria del ente de control rechazó los argumentos del dirigente político, quien afirmó que por estos mismos hechos la comisión le adelanta una investigación, así como los de su defensa, que adujo falta de competencia del Ministerio Púbico para disciplinar a funcionarios de elección popular.
El ente de control al resolver las peticiones de Pulgar Daza y su apoderado precisó que para casos de corrupción la única competente para investigar y sancionar a congresistas es la Procuraduría General, como lo establecen los tratados internacionales de lucha contra la corrupción, y recientes fallos del Consejo de Estado.
Ahora, el escenario disciplinario está en manos del Consejo de Estado quien debe dirimir la competencia para dicha investigación.