HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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El adefesio

Concentrado en la nueva y descomunal estructura burocrática, el proyecto no se ocupa de lo realmente importante, como es garantizar elecciones libres y transparentes. Sobre esto, ni una palabra. Todo lo relevante queda en manos del Gobierno Nacional, al cual le se otorgan facultades extraordinarias. Una vergüenza que el Congreso delegue esta responsabilidad legislativa que se extenderá a las plantas de personal para crear, modificar y reclasificar empleos, hacer incrementos salariales y crear varios fondos como el Fondo Rotatorio del Consejo Nacional Electoral, existiendo ya uno en la Registraduría. Así mismo, el proyecto advierte que en los próximos años el Gobierno queda obligado a incluir en el presupuesto todos los recursos que el registrador considere necesarios para adelantar su gestión y el Congreso no podrá discutirlos ni disminuirlos (art. 262).

Nadie sabe responder por el impacto fiscal que podrán tener estos incrementos descomunales en la nómina y salarios, y al parecer, a nadie le importa. Como si fuera poco, el art. 23 del proyecto elimina toda posibilidad de carrera administrativa, pues consagra que todos los cargos directivos, incluidos los registradores delegados, especiales y municipales, podrán ser removidos en cualquier tiempo, argumentando la pérdida de confianza, sin exigirse ninguna otra motivación. Además, los planes de auditoría serán formulados por el propio registrador y auditados por personas nombradas por él. Una burla inconveniente.

Se introduce por vez primera el concepto de voto remoto por internet y el voto anticipado para cualquier ciudadano. También, el voto mixto en máquina y en tarjetón y el voto a domicilio. Y por la puerta de la cocina, el voto para mayores de 14 años. Todas son propuestas e ideas que vale la pena evaluar, pero me temo, muy al contrario de lo que piensa el registrador, que estas modalidades de ejercicio del sufragio van a generar enorme inseguridad jurídica, toda suerte de conflictos y se prestarán para incentivar conductas fraudulentas.

En el proyecto hay propósitos loables pero impracticables, como el de elaborar tarjetones distintos para atender los requerimientos de todas las comunidades ancestrales, hoy centenares, que deseen ejercer este derecho en su propia lengua. ¿Cómo hacer operativa esta propuesta? ¿Cuál puede ser su costo?

Para ejercer mayor presión sobre el Congreso, en este maratónico trámite se ha dicho que el Consejo de Estado no solo avala, sino que considera muy conveniente el proyecto. ¿Será verdad? ¿Se ha comprometido el Consejo de Estado con este adefesio? Sería insólito, por decir lo menos. ¿Y qué dice el Gobierno? ¿Ya han hecho los cálculos sobre la conveniencia de la reforma y sobre sus costos? Nada se ha escuchado decir a la ministra del Interior sobre esta iniciativa, y es justo decir que sobre ninguna otra.

Lo que es cierto, y muy grave, es que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos. ¿O lo van ahora a negar? ¿Por qué no nos informan con qué criterios se hicieron estos nombramientos? ¿Quiénes fueron los afortunados? ¿Por recomendación de que personas? ¿Y qué garantías tendrán los demás candidatos, partidos y movimientos en las elecciones del 2022?

Y la cereza del helado envenenado. En el nuevo código desaparecen las inhabilidades disciplinarias para ser elegido, con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo. Gran avance contra la corrupción.

Burocracia, despilfarro, inseguridad, corrupción y politiquería es lo que trae en sus 271 artículos este proyecto de Código Electoral, que el Gobierno no reconoce pero que impulsa en la oscuridad con mensaje de urgencia y llamadas a los parlamentarios ponentes. Todo esto está ocurriendo en medio de la pandemia y con el Estado quebrado. Qué indolencia. (Tomado de El Tiempo)

*ExVicepresidente de la República 

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