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MOE reclama del Congreso legislar contra la violencia política a las lideresas

La Misión de Observación Electoral – MOE- registró 57 hechos  de violencia contra mujeres líderes políticas, sociales y comunales en el primer semestre  de 2020. Esta cifra representa un incremento del 18.8% frente al mismo periodo en 2019. De estos, 19 fueron contra lideresas políticas, 35 contra lideresas sociales y 3 contra  lideresas comunales.   

La violencia política contra las lideresas es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo  año a año. De acuerdo al Informe sobre violencia contra líderes políticos, sociales y comunales elaborado por la MOE: “Un país sin  líderes no es un país”, en el 2016 se registraron 17 hechos de violencia contra lideresas,  mismos que incrementaron a 20 en el 2017, posteriormente a 29 en el 2018, a 48 en 2019  y finalmente, a 57 en 2020, tal como se observa en la gráfica siguiente:

Este incremento sostenido de la violencia política contra las mujeres explica la importancia de las iniciativas legales que actualmente están haciendo curso en el Congreso de la República para combatir las conductas que buscan impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación y/o representación política de las mujeres. “La violencia política contra las mujeres que ejercen diferentes tipos de liderazgo no es una violencia que se expresa solo en lo físico, sus connotaciones más importantes son las culturales, las sexuales, las psicológicas y las económicas que tienen como único objetivo desestimular, y en el peor de los casos, impedir la participación de las mujeres en los escenarios políticos, sociales y comunales”, señaló Alejandra Barrios, Directora de la MOE.

En la audiencia pública realizada por la Cámara de Representantes para tratar este tema, la MOE insistió en que es fundamental contar con una definición clara respecto a la violencia contra las mujeres en política, que incluya entre otros, los tipos de violencia y sus manifestaciones en el contexto colombiano. Asimismo, destacó que las medidas contenidas en el proyecto de ley en discusión no se dirigen solamente a las organizaciones políticas y los procesos electorales, sino que abarca también otros escenarios donde las mujeres ejercen diferentes tipos de liderazgo.

De igual manera, señaló la necesidad de dotar de competencias a las autoridades electorales, al Ministerio Público y a los entes de control, para sancionar el fenómeno y buscar mitigar sus impactos sobre la vida política de las mujeres, mediante rutas de atención integral que cuenten con políticas diferenciales para las mujeres en sus múltiples diversidades.

La MOE finalizó su intervención invitando a las diferentes bancadas a acordar un solo proyecto de ley, a fin de evitar que los que actualmente están en curso terminen hundiéndose, fracasando de esta manera la posibilidad de adoptar y articular medidas de prevención, protección, sanción y reparación que contrarresten la violencia política contra las mujeres lideresas por razón de género

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